Aquiles Córdova Morán
BAJA CALIFORNIA
Redacción/Quihubole
TIJUANA, a 12 de enero de 2018.- Han pasado más de tres
meses desde que el alcalde antorchista de Huitzilan de Serdán, Puebla, Manuel Hernández
Pasión, fuera brutalmente asesinado en las goteras mismas de la ciudad de Zacapoaxtla,
en el mismo estado, y casi el mismo tiempo de que el gobernador Antonio Gali Fayad
y sus funcionarios encargados de la seguridad pública aseguraron tener plenamente
identificados y vigilados a los autores materiales, y que su arresto era
cuestión de horas o, a lo sumo, de días. A la fecha no existe una sola
detención; es más, ni siquiera un mínimo avance que pudiera indicar una
voluntad seria de hacer justicia.
Como varios medios informativos y algunos columnistas
profesionales han publicado en varias ocasiones, no quedan ya dudas acerca de
que el asesinato de Manuel fue un crimen político ejecutado por pistoleros
plenamente ligados por lazos consanguíneos y laborales con el alcalde panista
de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, razones por las cuales tampoco se necesita
ser Sherlock Holmes para descubrir que dicho funcionario metió las manos hasta
los codos en el crimen de sus parientes y empleados. Eso sin tomar en cuenta
que, además, los movimientos de Lobato Toral, antes, durante y después de los
hechos, apuntan claramente hacia él al margen incluso del parentesco y la
relación laboral.
También es un hecho establecido plenamente que entre
Manuel Hernández Pasión y Lobato Toral no existió nunca conflicto alguno de por
medio que pudiera explicar el asesinato del primero. Incluso la relación
oficial entre ambos se redujo siempre al mínimo indispensable y nada más. De
aquí desprenden, todos los que conocen del crimen y están interesados en su esclarecimiento,
que Lobato Toral no actuó en su propio interés sino como cabeza visible de la mafia
caciquil que domina desde siempre en varios de los municipios más marginados y empobrecidos
de la Sierra Nororiental poblana, en la que destaca la familia Aco, originaria
de Huitzilan de Serdán.
Los poderosos intereses económicos de los Aco, el origen
poco claro de su inmensa fortuna, alimentada por sus relaciones estrechas con
funcionarios estatales y federales que les han canalizado ingentes recursos de
los programas de apoyo al campo, de proyectos productivos fantasma destinados
al desarrollo de la cafeticultura y el aprovechamiento de la pimienta, de
fomento al desarrollo integral de los pueblos indígenas a través de “cooperativas”
teóricamente manejadas por los interesados directos pero, en realidad, por
personeros de los caciques, ligan a esa familia (los Aco) con todos sus
similares de la Sierra para hacer negocios comunes y procurarse apoyo y
protección mutua, y la opinión pública de la zona está perfectamente enterada
de sus movimientos. De aquí que toda esa opinión se incline mayoritariamente a
pensar que el crimen de Manuel Hernández Pasión fue ordenado por esa pequeña
oligarquía caciquil, en cuyo nombre y representación habría actuado Lobato
Toral.
Si las cosas hubieran quedado hasta aquí, sería claro que
el crimen debía ser considerado simplemente como un vulgar delito del orden
común efectuado en pandilla, lo cual es un agravante; pero la actitud asumida,
públicamente incluso, por la autoridad judicial poblana, la inacción del
Secretario de Gobernación de Puebla, Lic. Diódoro Carrasco Altamirano, y del Secretario
de Seguridad Pública, Jesús R. Morales Rodríguez, así como la palabra
incumplida del gobernador José Antonio Gali Fayad, cambian completamente la
naturaleza del problema: se configura claramente un acto de protección abierta
para los asesinos de Manuel por parte de las más altas autoridades políticas y
judiciales de Puebla y el hecho pasa a ser un acto de violencia y terror, si no
directamente ordenado, consentido al menos por el Estado mismo.
Y es obvio, en ese caso, que no solo cambia la
calificación del hecho, sino la naturaleza intrínseca, la motivación profunda
del mismo. En efecto, no entraña el mismo contenido político y social un crimen
perpetrado por una pandilla caciquil que uno cometido con protección oficial.
Esto último, en caso de ser cierto, va preñado de ominosos riesgos para todo el
país y resulta indispensable no cerrar los ojos ni la boca ante tamaña amenaza.
Es indispensable preguntarse cuándo, cómo y por qué se presenta el terror y la
violencia oficializados y cuáles son, o pueden ser, sus verdaderos propósitos.
Y ya se sabe, el crimen y el terror estatales son siempre
una de las primeras
manifestaciones visibles del agotamiento de un modelo
económico y de sus complementos naturales, el modelo político y el aparato
encargado de aplicar la ley y hacer justicia. Cuando el modelo económico ha
caducado, resulta cada vez más incapaz de responder con eficacia a las necesidades
sociales, sobre todo las de los grupos menos favorecidos; se ve obligado cada
vez más a aplicar medidas “antipopulares pero necesarias” que lo van
divorciando del apoyo popular hasta llegar al enfrentamiento abierto con las
masas. En este punto, se hace evidente a los que gobiernan que el derecho y las
leyes que lo regulan son cada vez más inaplicables a la realidad y, a la larga,
las empiezan a sentir como un estorbo, como una camisa de fuerza que los
maniata y les impide moverse con más soltura y rapidez hacia sus verdaderos
objetivos, que son el cuidado, protección y fomento de los grandes intereses
privados beneficiados por el modelo.
Decide entonces hacer resueltamente a un lado esos
estorbos y sustituirlos por recursos más expeditos, abarcantes y contundentes;
y esos recursos no son, no pueden ser otros, nunca han sido otros que el terror
y la violencia ejercidos abierta (aunque no expresamente) por el Estado mismo.
Para que esta política tenga éxito, para que juegue el papel domesticador que
se busca, resulta indispensable que el pueblo se dé cuenta claramente de dónde
viene la amenaza; de ahí el carácter burdo de las maniobras de ocultamiento que
más parecen auto denuncias que verdaderos deseos de camuflaje. En pocas
palabras, el poder público se orienta resueltamente, en tales circunstancias, a
la dictadura abierta. Y quien lo dude, que repase brevemente los sucesos de
Alemania a raíz del ascenso de Hitler al poder.
Es verdad que en problemas como éste es irresponsable
exagerar el significado de las cifras; es mejor no olvidar aquello de que “una
sola golondrina no hace verano”. Pero también es cierto que el caso de Manuel
Hernández Pasión dista mucho de ser único en México y que, por el contrario,
los delitos cuya impunidad deriva de la inacción u omisión oficiales se están multiplicando
peligrosamente, a grado tal que crece la tentación de pensar que, si no hemos completado
la cifra crítica para temer una dictadura, nos falta poco para ello. De ahí la necesidad
de urgir al gobierno poblano para que actúe enérgicamente en el caso, se vuelve
un
asunto de interés nacional, de salud pública para el país
entero.
En Huitzilan de Serdán las tensiones y los peligros
crecen por horas, y no es histeria advertir al Gobierno poblano y a la opinión
pública del inminente riesgo de que se cometan nuevos asesinatos de líderes
antorchistas. Sin ir muy lejos, este fin de año el neo morenista Alonso Aco y
su Rasputín de cabecera, el cura Martín Hernández, montaron una provocación francamente
inaudita: fueron a Huitzilan a montar un “show”, con procesión de año nuevo y banquete
incluidos, en las narices mismas de los ofendidos y burlándose sangrientamente
de los familiares y amigos de Manuel. Solo la disciplina y el amor a la paz de
los antorchistas impidieron que la situación se saliera de control. ¿Por cuánto
tiempo más podrá repetirse el numerito sin consecuencias, señor gobernador Gali
Fayad? ¿Qué va a ocurrir si asesinan a un nuevo líder antorchista en Huitzilan?
Este 15 de enero, con motivo del “primer informe de
resultados” del Lic. Gali, 40 mil antorchistas, la mayoría de la Sierra
Nororiental, saldrán a las calles de Puebla a exigir justicia y a denunciar el
peligro que corren sus líderes. ¿Informará algo el gobernador sobre los asesinos
de Manuel? Por mi conducto, y a través de este medio, los dos millones de antorchistas
que hay ya en el país brindan todo su respaldo y solidaridad a la protesta de
sus hermanos poblanos, y suman enérgicamente su voz a las exigencias de
justicia y pleno respeto a la vida y a la libertad de organización y de lucha
de todos los poblanos, y de los humildes indígenas de la Sierra Nororiental en
especial.
¡Señor Gobernador Gali: esperamos y deseamos justicia y
aplicación plena del Estado de Derecho por el bien de todos! Nada más, pero
nada menos.
