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| Por: Aquiles Córdova Morán |
PUEBLA
Redacción/Quihubole!!!
HUITZILAN
DE SERDÁN, a 15 de noviembre de 2017.- Manuel
Hernández Pasión, Presidente Municipal de Huitzilan de Serdán, en la Sierra
nororiental del estado de Puebla, fue asesinado arteramente en las goteras de
la ciudad de Zacapoaxtla, en la misma zona serrana, el día martes 10 de octubre
de los corrientes. Ha pasado ya, por lo tanto, más de un mes del crimen sin que
las autoridades responsables den alguna señal visible de querer hacer justicia
en el caso.
Creo
que todo mundo sabe de la proverbial ineficacia (o falta de interés) de los
órganos encargados de investigar y castigar el delito en México, tal como lo
demuestra elocuentemente la estadística que dan a conocer periódicamente los
especialistas en el tema: de cada cien delitos que se denuncian ante el
Ministerio Público (recordar que mucha gente se abstiene de hacerlo por temor o
por considerarlo absolutamente inútil), solo 5 son investigados y solo 2 llegan
a recibir sentencia, es decir, la impunidad en México anda por el orden del 90
o 95%, algo realmente escandaloso que debiera preocuparnos a todos los
mexicanos por igual.
Teniendo
esto en cuenta, creo probable que todo el que sepa del asesinato del Presidente
huitzilteco tienda a pensar que no hay nada nuevo en ello; que se trata solo de
una cifra más para la estadística de la impunidad, pero creo poder demostrar
que no es así.
Es cierto que Manuel no es el primer antorchista abatido a tiros
por los enemigos del progreso y de la participación organizada de las masas
populares en la política nacional; por el contrario, la lista de víctimas
inocentes que pertenecieron a nuestras filas y que siguen esperando justicia
como quien espera a Godot, es larga y dolorosa. Para no ir a buscar ejemplos a
lugares y tiempos remotos, permítaseme traer a la memoria uno muy reciente y
escandalosamente brutal e injusto, el secuestro y posterior sacrificio de don
Manuel Serrano Vallejo, padre de la destacada luchadora Maricela Serrano
Hernández, cuya familia, su señora madre en primer lugar, no ha recibido de las
autoridades ni siquiera los restos de su ser querido para darles una sepultura
digna.
De
acuerdo con esto, también es larga y bien aprendida nuestra experiencia en la
lucha contra la insensibilidad, la sordera y la ineficacia de las autoridades
judiciales; sabemos cuál es el argumento infalible tras del cual se atrincheran
siempre para eludir su responsabilidad frente a quienes reclaman justicia: una
y otra vez, tantas como sean necesarias para aburrirlos y desanimarlos, les
recitan la misma letanía: el “informe detallado de los avances”, la enumeración
prolija de los “indicios” con que cuentan, la lista de “sospechosos” a quienes
están “investigando”, las “pistas” que están “agotando”, etc., etc. Pero nunca
pasan de ahí. El final es siempre el mismo: a pesar de sus ingentes esfuerzos,
dicen, “no ha sido posible dar con los culpables” y, por tanto, tampoco es
posible aplicarles “todo el peso de la ley” como habían prometido.
Pues
bien, lo nuevo y distinto en el caso de Manuel es que las autoridades poblanas
no pueden atrincherarse detrás del consabido pretexto de las prolijas y eternas
investigaciones, sencillamente porque, ya a las pocas horas de haberse cometido
el crimen, los autores materiales habían sido plenamente identificados. Ello
obedeció a varios factores: a) el asesinato se cometió a plena luz del día en
un lugar muy transitado, b) la zona está ampliamente vigilada por cámaras de
seguridad, algunas de ellas propiedad de SEGOB federal, c) los asesinos echaron
mano de cuatro vehículos que fueron fácilmente identificados por las cámaras,
d) el asesino directo de Manuel usó un camuflaje fácil de distinguir y
recordar, e) para colmo de certezas, el vehículo del asesino directo fue
abandonado en la escena del crimen, y dentro de él se halló el camuflaje
respectivo. Hay testigos oculares que lo vieron abordar el vehículo abandonado
y que identifican plenamente tanto al carro como al usuario, a este último por
nombre y apellido.
El
Comité Estatal antorchista de Puebla ha tenido dos entrevistas con el
Secretario de Seguridad Pública del estado y con el titular de la fiscalía
poblana en presencia del Secretario Diódoro Carrasco y del Gobernador, Lic.
Antonio Gali Fayad. En dichas reuniones (sobre todo en la segunda) se pudieron
confrontar los datos arrojados por la investigación de la fiscalía con la
información proporcionada a los antorchistas por diversos testigos oculares. La
coincidencia fue de casi el 100%, es decir, la identificación de los asesinos
quedaba fuera de toda duda razonable y las autoridades presentes se
comprometieron a arrestarlos en un plazo no mayor a tres días a partir de la
fecha de la reunión. La pregunta es, entonces, ¿por qué no se ha cumplido el
compromiso? ¿Quién está frenando, y por qué, la aplicación de la ley? Debo
añadir aquí, como dato relevante, que personas aparentemente ebrias se han
acercado, de noche y furtivamente, a los dirigentes antorchistas de Huitzilan
para susurrarles por lo bajo: “nomás quiero decirte que te van a matar; que son
tres de ustedes los que están en la mira”. Y sueltan los nombres. Hay, pues, en
marcha, una campaña de terror, de intimidación que busca debilitar la voluntad
de lucha de los antorchistas huitziltecos y su decisión de exigir justicia para
Manuel. ¿Qué pasará cuando sus promotores comprueben que sus amenazas no surten
el efecto deseado? ¿Cuántos asesinatos más serán necesarios para desbloquear el
ejercicio de la ley, en Huitzilan y en todo el estado de Puebla?
Queda
claro, pues, que el asesinato de Manuel no es un número más para la
estadística; que se trata de un hecho relevante en el cual parece claro que las
más altas autoridades del ramo se niegan a detener y castigar a asesinos
plenamente identificados. Quiérase o no, esto implica que alguien con mucho
poder está frenando el libre curso de la justicia, tal vez por un contubernio
inconfesable con los delincuentes, con lo cual desvirtúa hasta el ridículo al
Estado de Derecho, a las instituciones encargadas de impartir justicia y al
Estado mismo en su conjunto. Implica incrementar el desprestigio y la creciente
falta de confianza del gran público en la democracia y en sus instituciones y
abre el camino a todo tipo de peligros para la paz pública. En efecto, muerta y
pisoteada la ley, solo queda la fuerza bruta para quien pueda y sepa usarla.
No
olvidemos, además, que Manuel Hernández Pasión fue asesinado en medio de un
clima de linchamiento público, mediático principalmente, de su persona, de su
administración y de su militancia antorchista, clima a cuya conformación
contribuyeron muy destacadamente el cura José Martín Hernández y el
multimillonario cacique huitzilteco Alonso Aco, hoy convertido en sacrificado
defensor de los indígenas y futuro candidato al Gobierno de Puebla por la
alquimia política de MORENA. La santa alianza de ambos pillos convirtió a
Manuel en una “bestia apocalíptica” que amenazaba a su pueblo y a sus sagradas
creencias y merecía la muerte. La sucia campaña fue eficazmente secundada y
amplificada por la inmensa mayoría de los medios poblanos, que le dieron todo
el vuelo que pudieron, añadiéndole, además, todo lo que su odio visceral o sus
intereses venales les aconsejaron. Necesario es decir, además, que semejante
campaña de linchamiento no es nueva ni se constriñe solo a Manuel; la sufre
todo el antorchismo poblano y nacional desde su nacimiento, y en ella confluyen
los intereses electorales de los dinosaurios de todos los partidos, incluido el
PRI, el odio de los funcionarios ineptos y corruptos que se niegan a resolver
las legítimas demandas de los antorchistas y responden atacando a sus líderes,
las preferencias ideológicas o el interés económico de medios y reporteros, que
también se disfrazan de redentores populares para poder lanzar impunemente sus
ataques.
Esta
mezcla explosiva y asaz destructiva no es algo nuevo. Por el contrario, es algo
conocido y varias veces vivido por la sociedad, y no solo la mexicana
(recordemos, por ejemplo, el sacrificio de Madero y Pino Suárez) sino por otras
más evolucionadas, como la Alemania de Hitler. La desaparición de las fronteras
entre criminales y cuerpos de seguridad, entre delincuentes e impartidores de
justicia, entre mafias torvas y grupos de poder (que se puede rastrear, por
ejemplo, en el teatro de Bertolt Brecht), fue el preludio de la dictadura nazi
fascista de Hitler. Una situación así parece ser síntoma claro del agotamiento
de un modelo económico, impuesto a fortiori por el Gobierno; parece el fruto de
una sociedad polarizada en favor de una minoría privilegiada y a la que no le
queda más recurso que el garrote y el “rifle sanitario” para mantener a las
mayorías sumisas, calladas y trabajando para los poderosos.
¿Es eso lo que
empieza a manifestarse entre nosotros? ¿Nos encaminamos a la dictadura, es
decir, al simple uso de la fuerza bruta para gobernar al pueblo? Si es así, más
vale saberlo a tiempo; si no, entonces ¡hágase justicia completa y rápida en el
caso de Manuel Hernández Pasión! Señor gobernador Antonio Gali Fayad: usted
tiene en sus manos la gran oportunidad de devolver la confianza y la esperanza
a los pobres de su estado, que llaman a su puerta pacíficamente demandando
elemental justicia. ¡Escúchelos ahora que aún es tiempo! Mañana puede ya no ser
necesario.
