Coordinador de la bancada del PRI,
propone adición a la Constitución local para evitar bonos o gratificaciones
para servidores públicos por la conclusión de su encargo, y terminar con abusos
de poder en asignaciones como las llamadas del “haber retiro”
Tijuana, 1 de marzo de 2016.- El
diputado David Ruvalcaba Flores, a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI,
que coordina actualmente, promueve en el Congreso del Estado una reforma
Constitucional, para imponer “candados” contra compensaciones injustificadas a
servidores públicos.
La iniciativa tiene un mensaje claro
contra el Poder Judicial del Estado en sus pretensiones de las llamadas
“pensiones vitalicias” o “haber retiro” en proporciones exorbitadas, y sobre
todo, que las pretenden sean hereditarias hasta tercera generación de las
familias de los magistrados.
Todo ello, advierte el legislador
priista, son “malos manejos del presupuesto público que ponen en riesgo la
calidad de vida de los bajacalifornianos”; “por ello, no debemos seguir
permitiendo asignaciones injustificadas de bonos o gratificaciones para servidores
públicos por la conclusión de su encargo, ya que a lo largo de su mandato han
recibido la justa remuneración que por ley le corresponde”.
Ruvalcaba Flores propone adicionar una
fracción al artículo 97 de la Constitución Política del Estado, “a fin de que
ninguna autoridad o servidor público podrá establecer dentro del Presupuesto de
Egresos, el pago de bonos anuales, gratificaciones o cualquier otro tipo de
percepción adicional a la de la remuneración de cualquier servidor público con
motivo de la conclusión de su mandato”.
El propósito es terminar con abusos de
poder en asignaciones como las llamadas del “haber retiro”, que se proponen los
magistrados del Poder Judicial del Estado.
El Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del PRI señaló con claridad la responsabilidad de los servidores
públicos en el manejo de recursos, el apego al mandato, las asignaciones
presupuestales, y con ello dar cumplimiento a criterios de austeridad y
disciplina presupuestal y financiera.
Expuso que esta iniciativa tiene por
objeto pagar una deuda que se tiene con los bajacalifornianos desde hace
tiempo, concerniente a la austeridad y el buen uso del dinero del pueblo,
“puesto que somos la voz del pueblo y nos debemos a él”.
“El reclamo de la sociedad
bajacaliforniana nos demanda que se haga el uso responsable y eficiente del
presupuesto público, atendiendo a los principios de austeridad, certidumbre,
racionalidad y de la legalidad; su voz nos conmina constantemente a los
servidores públicos en general a hacer uso racional de los recursos públicos,
atendiendo el beneficio de las mayorías y no de unos cuantos”, resaltó.
“Por ello insto a los integrantes de
la XXI Legislatura a que rectifiquemos y
pongamos fin a los abusos de asignaciones discrecionales por parte de las
autoridades públicas que se auto determinan prestaciones incongruentes, y que
correspondamos a la confianza depositada por los ciudadanos en nosotros”,
expuso.
“La aprobación de un haber de retiro a
favor de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es una
situación que de nueva cuenta ha confrontado a la sociedad bajacaliforniana por
la falta de claridad y transparencia en que este se otorgó, mismo que se
tradujo de manera inmediata, en un inmediato rechazo por parte de la opinión pública”,
prosiguió.
Dijo que los escasos argumentos que se
sostienen a favor de un haber de retiro para quienes integran el máximo órgano
jurisdiccional en el Estado, son considerados carentes de racionalidad, frente
a las altas remuneraciones que ya ostentan en aras a la función que desempeñan.
“En ese tenor, es oportuno considerar
que esta soberanía, no puede ser ajena ni actuar como un espectador frente la
ciudadanía, la cual hoy en día reclama a una revisión exhaustiva y constante
del marco normativo que encierra a la función pública y exige incorporar medios
de control para evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, y
procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, la
conservación del equilibrio y equidad presupuestal de los recursos públicos en
los poderes del Estado, municipios y organismos constitucionalmente autónomos”.
Por tales motivos, propuso Ruvalcaba
Flores a nombre de las fracciones del PRI, PVEM, PT y PES, que se adicione el
Artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, para quedar como sigue: “Ninguna autoridad o servidor público,
podrá establecer dentro del presupuesto de egresos, el pago de bonos anuales,
gratificaciones, haber de retiro o cualquier otro tipo de percepción adicional
a la de la remuneración de cualquier servidor público, con motivo de la
conclusión de su mandato”.
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