Agustín Espinoza advierte
que sin ajustes se pondrá en riesgo la soberanía alimentaria y la viabilidad de
miles de productores mexicanos
Ciudad de México; 18 de
septiembre de 2025.- La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC)
en Sinaloa llamó a que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), anunciada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y se
coloque en el centro las necesidades del campo mexicano y no solo los intereses
de las grandes corporaciones multinacionales.
Agustín Espinoza Laguna,
secretario general de la COUC en el estado, señaló que mientras los agricultores
de Estados Unidos cuentan con subsidios y seguros de rentabilidad, en México
los productores enfrentan precios deprimidos, altos costos y la ausencia de
instrumentos efectivos de gestión de riesgos.
“Las presas de Sinaloa se
ubican en torno al 38 por ciento de su capacidad, muy por debajo del promedio
histórico de estas fechas. Esta vulnerabilidad hídrica se suma a un esquema
comercial desigual que amenaza la seguridad alimentaria”, advirtió.
El dirigente propuso que
la revisión del T-MEC incluya medidas específicas como:
Reglas de origen estrictas
y preferencia al grano nacional. Blindar la cadena agroalimentaria contra
triangulación y dumping regulatorio, priorizando compras públicas al maíz
mexicano.
Salvaguardas agrícolas
automáticas. Activación inmediata cuando las importaciones subsidien o hundan
el precio interno por debajo del costo regional de producción.
Compensaciones por
asimetrías. Fondo trilateral y apoyos federales directos (coberturas, seguro
catastrófico y forraje) para nivelar la competencia con socios altamente
subsidiados.
Refuerzo presupuestario
2026 para SADER. Bolsas específicas para comercialización, coberturas y
sanidad, más tecnificación de riego y tarifa preferente de bombeo.
Participación real del
campo en las consultas. Mesas de trabajo con productores y organizaciones, y
que sus recomendaciones queden vinculadas al informe de 2026.
Espinoza enfatizó que la apertura del proceso representa una oportunidad para corregir desigualdades, pero advirtió que, de ignorarse la voz del campo, se pondrá en riesgo la soberanía alimentaria y la viabilidad de miles de familias productoras.
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