• Con este acto la Fiscalía prioriza una
innovadora procuración de justicia a favor del patrimonio ambiental de las y
los chiapanecos, y se suma a la protección de las más de 23 mil hectáreas de
áreas protegidas que han sido restituidas desde el 15 de marzo de 2019
CHIAPAS
Por: Steven Sxkovedo
Redacción/Quihubole!!!
TUXTLA GUTIÉRREZ, a 20 de agosto de
2019.- Por primera vez en Chiapas, la Fiscalía General del Estado (FGE) celebró
un acuerdo reparatorio donde los requeridos deberán plantar 3 mil árboles de
pochota y limpiar el río Zanatenco en el municipio de Tonalá, luego de que el
pasado 29 de mayo fueran detenidos por el delito de ecocidio al talar árboles
de cedro sin el permiso legal correspondiente.
Los requeridos identificados como
Benjamín “N”, de 26 años y Ricardo “N”, de 40 años, fueron aprehendidos en
flagrancia delictiva, asegurándoles una motosierra, dos garrafas de gasolina y
una camioneta marca Ford de color gris con placas del estado de Chiapas.
La Fiscalía de Distrito Costa inició la
carpeta de investigación correspondiente por la comisión del delito de ecocidio
cometido en agravio de Benigno Mantecón Martínez en el rancho La Almendra,
ubicado en la colonia La Polka del municipio de Tonalá.
En las últimas horas se llevó a cabo la
audiencia, donde se realizó la imputación y vinculación a proceso en contra de
los inculpados Benjamín “N” y Ricardo “N”, cuya defensa solicitó la suspensión
condicional del proceso presentando su plan reparatorio, consistente en la
reforestación de 3 mil árboles de pochota y limpiar el río Zanatenco.
El órgano jurisdiccional suspendió el
presente proceso por el tiempo de seis meses, debiendo presentar los imputados
los informes de avances de manera bimestral.
Con este acuerdo reparatorio, la
Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, prioriza
una innovadora procuración de justicia a favor del patrimonio ambiental de las
y los chiapanecos, y se suma a la protección de las más de 23 mil
hectáreas de áreas protegidas que han
sido restituidas desde el 15 de marzo, cuando la Fiscalía y el Gobierno del
Estado echaron a andar el Programa de Seguridad y Justicia 2019 para
reivindicar los derechos de posesión y propiedad en Chiapas.
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