La querella se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Mexicali, la tarde de este martes 15 de diciembre del 2020, donde se les acusa de haberse enriquecido con varios contratos, que en total suman 2.6 millones de pesos.
El edificio ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, donde actualmente se encuentra la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali, pertenece a los dos hermanos González Cruz, y fue firmado desde la administración pasada, cuando el hermano del presidente municipal de Tijuana ocupaba cargos dentro de la misma dependencia, aunque posteriormente fue contratado en la Oficialía Mayor.
Diferentes medios de comunicación dieron a conocer a través de una investigación periodística que Arturo González abría cobrado varios millones como proveedor con Kiko Vega y también con el gobierno de Bonilla, con el proveedor del alcalde, quien mantenía estos contratos desde hace varios años, incluso lo renovó días después de obtener la candidatura de Morena a la alcaldía en 2019.
Esta tarde, la secretaria Espinosa Martínez, en compañía del titular del órgano de control interno de Isesalud, Samuel Ramos Salas, se presentó en las instalaciones de la FGE para presentar querella a nombre del gobierno del Estado, que encabeza Jaime Bonilla Valdez.
También fueron denunciados Mikel Roberto Alcántara, en su calidad de encargado de despacho de la Dirección de Administración de Isesalud; Miguel Ángel Marín Cardone, jefe de Departamento de Recursos Materiales de Isesalud y Carlos Gómez Valdez, Subdirector General de Administración de la dependencia estatal, quienes firmaron el contrato a inicios de este año.
El pasado 6 de febrero del presente año, después de de cuatro meses de asumir el cargo como presidente municipal, González Cruz firmó dos contratos de arrendamiento.
El alcalde es copropietario, junto con su hermano Luis Alfredo González Cruz, quien era funcionario en Oficialía Mayor en aquel entonces.
Vicenta Espinoza aseguró que el hermano del presidente municipal de Tijuana y el mismo alcalde, se beneficiaron de la posición laboral que tenían dentro de la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para signar dicho contrato, el cual representaba un ingreso superior a los 189 mil pesos mensuales, según el contrato que fue filtrado por la misma institución.
Agregó que no hubo proceso de licitación, ni otros ofertantes para albergar las instalaciones del sector salud, lo que representa una irregularidad que sugiere tráfico de influencias.
Aunque la denuncia es por 2.6 millones de pesos, se presume que podría ser muchos más, porque dichas oficinas han sido ocupadas por muchos años.
Este incidente se suma a la larga lista de conflictos políticos que se generaron entre González Cruz y el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Esto deja ver un claro conflicto de intereses y tráfico de influencias, según la denuncia interpuesta por los funcionarios del gobierno estatal.
Con dichos contratos firmados por un año, que abarcan la renta de las oficinas de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali y un estacionamiento contiguo, el alcalde de Tijuana podría haberse beneficiado ilícitamente, según quedó asentado en la denuncia, por un monto de más de 2 millones 684 mil pesos, tan solo este año.
“Habrá que ver el daño patrimonial y lo que dictamine la Fiscalía, pero el daño que nosotros hemos evaluado y presentado en esta denuncia asciende a 2 millones 600 mil pesos”, dijo la titular de la Secretaría de la Honestidad tras interponer la denuncia.
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