La reciente salida de la tesorera municipal del H. Ayuntamiento de Pijijiapan 2024 - 2027 ha generado una fuerte polémica entre ciudadanos y actores políticos locales, luego de confirmarse que dejó el cargo para asumir como titular de la Unidad de Control en la Secretaría del Campo del Estado de Chiapas, en un movimiento que muchos califican como premiado pese a los señalamientos de presunta corrupción y manejo opaco de recursos públicos.
Durante su gestión en la Tesorería Municipal, diversos sectores de la población señalaron falta de transparencia en el manejo del presupuesto, retrasos en pagos a proveedores, obras con costos inflados y una ausencia reiterada de informes claros sobre el destino de los recursos municipales. Sin embargo, ninguna auditoría concluyente fue presentada públicamente antes de su salida, lo que ha incrementado las sospechas.
Para organizaciones civiles y ciudadanos consultados, resulta preocupante que una funcionaria cuestionada por su desempeño financiero en un municipio con altos índices de rezago social sea trasladada a un cargo estratégico de control en una dependencia estatal, sin antes aclarar su actuación previa. “No se trata de persecución política, sino de rendición de cuentas”, señalan.
La designación en la Secretaría de Pesca ha sido interpretada por críticos como un ejemplo más del reciclaje de funcionarios y de una cultura política donde los cambios de puesto sustituyen a las investigaciones formales la unidad de control, señalan expertos, es un área clave para la supervisión administrativa, por lo que la credibilidad de quien la encabeza resulta fundamental.
Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Pijijiapan ni la Secretaría de Pesca, ni la Fiscalía General del Estado de Chiapas de Jorge Luis Llaven Abarca han emitido una postura clara sobre si existen procedimientos de revisión, auditorías en curso o deslinde de responsabilidades respecto al periodo en que la ex tesorera manejó recursos municipales.
La ciudadanía exige al Gobierno de Chiapas y al Gobernador Eduardo Ramírez que los órganos de fiscalización estatal y federal actúen con independencia, revisen a fondo su gestión y esclarezcan si hubo o no irregularidades en un contexto donde el discurso oficial promete combatir la corrupción, el silencio institucional solo alimenta la desconfianza.
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