Esto en respuesta a la decisión adoptada por la SCJN de anular por completo el decreto que declaraba como de seguridad nacional las obras estratégicas.
“Creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada. Están al servicio de los potentados, de las minorías, de lo que conceptualmente se conoce como la oligarquía, el poder de los ricos”, expresó.
Para López Obrador la decisión confirma su inclinación para defender los intereses particulares, sin tener aprecio al interés público. Nada les importa, dijo, “es como vivir en otro mundo, existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos”.
Sin embargo, desestimó sus efectos porque como ya sabía que la resolución vendría en este sentido, se anticipó para emitir un nuevo decreto que busca garantizar la continuidad de las obras estratégicas.
“ Ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas. No estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que realizamos se promueven con un grupo vinculado a los jueces, magistrados y ministros. Existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos contra las obras que realizamos, desde la construcción del aeropuerto Felipe Angeles”.
Acusó que hay un conjunto de abogados que sistemáticamente han promovido amparos como el ex ministro de la Corte, José Ramón Cossío, el abogado Miguel Carbonell o el ex secretario de Gobernación, con Felipe Calderón, Fernando Gómez Montt. Todos ellos, cuya principal estrategia es el tráfico de influencias.
Ante las posturas de algunos ministros de que continuarán defendiendo la Constitución, López Obrador dijo que son los primeros en vulnerar porque violan el artículo 117 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que el presidente y ellos devengan 4 o 5 veces más que él.
Por ello reiteró que es necesario impulsar una reforma al Poder Judicial y ratificó la viabilidad de elegir a los ministros, mediante propuestas de los tres poderes de la Unión, con requisitos mínimos que en ese caso podría ser contar con maestría o doctorado en derecho. Se daría tiempo para conocer sus propuestas y difundir sus trayectorias.
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