Tijuana, BC.- En rueda de prensa del pasado 9 de junio convocada por la ANPAC de Baja California, Juan de Dios Escalante y Casandra Nahomy Hernández, a nombre del Frente de Posesionarios de la Zona Este, pidieron la destitución del Delegado Federal Único en el estado, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, y exigen expropiación de terrenos ejidales.
Lo anterior, debido a que, siendo el representante principal del gobierno federal en Baja California, ni siquiera brinda la más mínima atención a las casi 5 mil familias del poblado Maclovio Rojas, para resolver su situación jurídica, por la cual se lleva ya más de 34 años de lucha.
Sin certeza jurídica de sus predios son 35 mil familias, contando también tierras de Terrazas del Valle, La Morita 1 y 2, y de la 3 de Octubre; y, en todo Tijuana, requieren regularización 90 mil familias.
Además, señalaron que el Secretario General del Gobierno del Estado, Catalino Zavala Márquez ha simulado “avances” en las mesas de trabajo para la regularización de terrenos del Ejido Rojo Gómez, del Ejido Francisco Villa, y de la 3 de Octubre, por lo que exigen la presencia de Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Eso es, porque el representante de la SEDATU en Baja California, Enrique Manuel Cunningham se ha declarado incompetente para resolver; solamente está en las mesas de trabajo para efectos técnicos e informar al titular nacional, Román Meyer.
Juan de Dios Escalante Rodríguez y Casandra Nahomy Hernández Reyes protestan porque, hasta el momento, las mesas de trabajo están estancadas, porque están en proceso de “investigación”, y, lo que los posesionarios de la Zona Este de la ciudad exigieron, desde el principio, es que las mesas fueran de carácter resolutivas.
“De investigaciones ya llevamos 34 años, ellos conocen perfectamente cómo está la situación jurídica histórica de los terrenos ejidales de todo el municipio de Tijuana”, replicó Casandra Hernández, quien recordó que, el 13 de mayo pasado, en que se desarrolló la primera mesa de trabajo, entregaron cinco peticiones concretas, y, “hasta ahora no hay una sola vía de solución ofrecida”.
Para ellos no queda ninguna duda de que la mejor vía de solución, definitiva, es la expropiación.
“Es cuestión de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador firme un decreto, y la SEDATU, así como las demás autoridades que corresponda, entre ellas, del gobierno estatal y municipal, hagan lo que les toca”, expuso Juan de Dios Escalante.
El Frente de Posesionarios de la Zona Este abarca muchas colonias con terrenos en litigio desde hace muchos años, y ya están hartos de estudios y mesas de trabajo que no se traducen en resultados, por lo que, insisten, si este viernes 10 de junio siguen sin soluciones, volverán a cerrar carreteras, “porque solamente así nos hacen caso”, dicen.
También entregarán en la Ciudad de México un oficio firmado por los representantes sociales de las colonias de la Zona Este, y, por lo menos, mil o 10 mil firmas, para exigir la destitución del Delegado Federal Único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien, hasta de manera despótica ha tratado a varios líderes.
Escalante Rodríguez y Hernández Reyes advierten que prevalece un clima de tensión, que puede repercutir en un estallido social, y, pese a que Catalino Zavala prometió que se detendrían las demandas judiciales de desalojo, hace unos días tuvieron un conato de riña campal, cuando el comité de defensa enfrentó a un actuario que llevaba una orden de desalojo a una posesionaria de La Morita 1.
Irónicamente, en el poblado Maclovio Rojas fue instalado un cuartel de la Guardia Nacional, y no los protegen ni los defienden ante situaciones de enfrentamientos verbales y físicos entre enviados de los Comisariados Ejidales y los posesionarios.
“No hay certeza jurídica de predios, pese a que hay pruebas documentales que puede titularse; y no hay seguridad pública, ni por parte de la Guardia Nacional, ni de la Policía Municipal; y lo que es peor, cuando hablamos al 911, nos estigmatizan: “otra vez en el Maclovio Rojas”, lamentó Juan de Dios Escalante.
Por su parte, Casandra Hernández observó que, a los litigios existentes, se sumaron las cien familias que fueron engañadas por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, que les entregó “constancias”, no títulos, de predios de los que el Estado no es dueño, ni están regularizados, y, mucho menos han pagado el valor de los terrenos.
“Esos terrenos tienen un valor de entre 80 a 150 dólares el metro cuadrado; el Estado no los compró, y tampoco las 100 familias engañadas; porque los títulos falsos de 100 pesos no incluyen el valor de los predios. Qué bueno que no llegaron a cubrir su meta de 400 familias”, comentó finalmente.
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