BAJA CALIFORNIA
Por: Steven Sxkovedo
Redacción/Quihubole!!!
TIJUANA, a 21 de febrero de 2020/AFN.- En sesión de Cabildo que se celebró este jueves, integrantes de ese Cuerpo colegiado votaron por mayoría revocar la licencia a la cervecera Insurgente, la cual se ha dicho “perseguida” por el gobernador de la entidad Jaime Bonilla Valdez, quien -él mismo- ha reconocido que sí ha insistido en que se actúe en contra de esa empresa (vecina de uno de sus hermanos) por estar operando “en forma irregular”, y por haber podido abrir por “influencias” con los funcionarios de la anterior administración.
El tema ha sido escabroso ya que los propietarios de esa empresa han logrado reconocimiento internacional por la cerveza artesanal que producen, e inclusive han ganado premios, y porque han utilizado precisamente el argumento de las influencias del gobernador ante las “quejas”, de su hermano, del que dicen que es el único que radica en esa zona, plagada de negocios comerciales, sin indicar cuánto tiempo tiene esa residencia en dicho lugar.
Por lo que las autoridades municipales señalaron recientemente, a esa empresa le clausuraron –primero- porque se demostró que, no obstante tenían un permiso para fabricación de su producto, se extendieron con una gran construcción para establecer un lugar de “venta” que no tenía licencia para tal efecto, en tanto que el gobernante insistía en la sanción correspondiente, por encontrarse a menos de 150 metros de algunos hospitales, lo cual prohíben la Ley y el reglamento correspondientes.
Hasta ahí, se había mantenido la discusión y polémica al respecto, y más recientemente, a manera de broma o burla, como quieran verlo, los propietarios (que según se ha dicho han solicitado que se les otorgue un permiso en Ensenada, no se sabe si para cambiarse o para extenderse) elaboraron su producto navideño, que se retrasó por estos asuntos, llamándola ahora “Santa Clausura”.
Reciben regidores documento amenazante
Pues hoy este tema fue analizado dentro del Cabildo, y llamó la atención la posición de la regidora Mónica Vega, quien todavía hace poco no se veía muy convencida sobre lo que se pretendía hacer, en el sentido de cancelar ese permiso, por todos los antecedentes ya señalados, por el trabajo realizado por los propietarios de este lugar, por los reconocimientos y premios recibidos, y porque es una “fan” de su cerveza.
Sin embargo, refirió que decidió confirmar por sí misma lo que se decía al respecto y entonces a su personal solicitó una medición, podríamos decir independiente, y señaló que en tres puntos de medición hacia los hospitales que se encuentran en la zona, en esos tres efectivamente la distancia era menor a los 150 metros (125m, 148m y 64m) que la ley y el reglamento indican. Recordó que el permiso para esta empresa se votó el 30 de junio de 2018, y que de 17 ediles, ella fue una de tan sólo dos que lo votaron en contra, porque hubo algunos aspectos que no le convencieron.
Ahora, agregó, al margen de sentimientos personales, pasiones o cualquier idea, refirió que su obligación como edil es hacer cumplir la Ley y por lo tanto, votó a favor de que se cancelara dicho permiso, pero solicitó que –igual- se revisaran otros lugares similares para devolver “la paz y el orden” a Tijuana y los tijuanenses. Pero su postura no quedó solamente en eso, sino que también solicitó que se agregara al dictamen emitido este día una petición de su parte para que sindicatura Procuradora someta a un procedimiento por este asunto al ex presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro; a su secretario del ayuntamiento Leopoldo Guerrero Díaz; al ex director de inspección, José Vicente Jiménez Oseguera, quien durante un tiempo fue compañero regidor, y contra el ex director de alcoholes José Lamberto Portillo Saldate.
Y señaló que esto en virtud de que los representantes de la mencionada compañía les hicieron llegar un documento amenazador (nos comentó después) en el que les advertía que iniciarían un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra aquellos que dentro del Cabildo adoptaran esta decisión, agregando que los mencionados, y otros ex funcionarios que pudieran surgir dentro del procedimiento, son quienes generaron ese daño patrimonial a los emprendedores “por medir de otra forma las distancias. Aseguró tajante que dentro del XXIII ayuntamiento “no estamos los responsables de esa situación”. Quienes votaron a favor de la cancelación fueron 15 regidores, Lupita Flores se abstuvo, y Claudia Casas se ausentó.
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