Miles de millones
de pesos los que se pierden en el sucio manejo de recursos, en que metieron
manos, manejado mal y desviado para satisfacer todo menos para lo que fue
destinado
BAJA
CALIFORNIA
Por: Rodrigo Medeles/Blanco
& Negro Noticias
Redacción/Quihubole/foto archivo
TIJUANA, a 19 de
octubre de 2017.- Es el
Hospital General de Tijuana es una de las instituciones públicas con mayor
número en denuncias ante a la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC), la falta de
medicamentos y correcta atención médica son dos de los principales factores por
los cuales son señalados y constantemente denunciados ante las estancias
gubernamentales correspondientes, sin que ninguna de ellas tenga a bien darle
una solución de raíz y acabar con la impunidad con la que opera el HG.
Es importante que usted sepa, que la Procuraduría General de la República (PGR) cumplió una orden de
aprehensión girada por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales
de Baja California en contra del exsecretario del gobierno del Estado de Baja
California GUILLERMO TREJO DOZAL por
ejecutar actos que solo están destinados a compañías de seguros, al devenir del
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual es
considerado un delito grave, ¡pues no existe amparo!
El ahora secretario de salud, fue recluido en el Centro
de Readaptación Social (CERESO) de
Mexicali por su presunta participación en delitos fiscales, y que de acuerdo
con el proceso penal 21/2014 del Juzgado Sexto de Distrito la compañía “LATINO SERVICIOS DE SALUD Y/O LATINO
HEALTH CARE” en la que TREJO DOZAL fungía como secretario del consejo de
administración, facturó cuatro y medio millones de pesos a diferentes empresas
por pago de primas de servicios médicos.
Aún con estos delitos que pesaban sobre su cabeza, el Séptimo Tribunal Unitario fue quien le
concedió el amparo que DOZAl necesitaba para efectos de determinar que el
delito por el cual estaba preso no era de gravedad y con ello fijarle una
determinada fianza que a la postre le permitió que continuara su proceso penal
en libertad.
Bastaron tan solo un año y seis meses, para que al
exsecretario de gobierno, le fueran retirados todos los cargos que se le
imputaban y con ello lo exoneraran de todo delito, logrando con esto, una
fantástica acción de ley pronta y expedita de la cual se ha valido el
gobernador Francisco Vega de la Madrid, para premiarlo con la Secretaría de
Salud (ISESALUD).
Así pues, de la noche a la mañana fueron borrados con un
“plumazo” cientos de documentos que contenían investigaciones por delitos fiscales
elaborados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría
General de la República (PGR) para dar paso a unos de las mayores actos de
impunidad que solo se pueden lograr siendo cercano de altos funcionarios, como
lo es, el gobernador del Estado de Baja California FRANCISCO VEGA DE LAMADRID.
Cuántos son los ciudadanos que después de haber purgado
una condena buscan restituirse ante la sociedad con un empleo digno, que les
permita dejar atrás ese pasado de delincuencia en el que estuvieron envueltos,
y que sin embargo pasan el viacrucis de su vida al intentar obtener la
inconstitucional “carta de antecedentes
no penales”, sin tener resultado alguno.
O peor aún, cuantos ciudadanos que necesitan la atención
médica de manera urgente son desechados como basura en la periferia que rodea
esta bella institución, la que sin embargo ha sido manejada por mentes
maquiavélicas y rapaces que buscaron hacerse de millones de pesos para beneficio
personal, anteponiendo la precaria salud de los bajacalifornianos que han
tenido la mala fortuna de necesitar de sus servicios.
Es TREJO DOZAL, el sucesor de funcionarios corruptos como
la actual alcaldesa de Playas de Rosarito MIRNA
RINCÓN VARGAS, quien fuera denunciada por la contraloría del Estado en el
2012 por formar parte de una red de corrupción y extorsión a los proveedores
del Seguro Popular, a quienes se les exigía entre el 20 y 40 por ciento del
dinero generado por los contratos que recibían.
Las cifras de millones de pesos por el quebranto
detectado rebasan la cordura, y los casos de corrupción continúan solo
cambiando de actor como es el caso del el director del programa de salud ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA, quien
denunció al Seguro Popular por estar
pagando un sobreprecio al Hospital de la Salud Mental de Tijuana (HSMT) 73 millones de pesos por 26 mil 538
intervenciones, mientras que al IPBC le pagó solo 30 millones de pesos por 33
mil intervenciones.
Son miles de millones de pesos los que se pierden en el
sucio manejo de recursos, en que los funcionarios de primer nivel tuvieron la
oportunidad de meter sus manos, dinero mal manejado y desviado para satisfacer
todo menos para lo que fue destinado; que no es otra cosas más que darle
sustento y efectividad a la salud de miles de bajacalifornianos que la
requieren con urgencia y que por falta de esos recursos hoy son aventados a las
banquetas con el pretexto de que no hay dinero para prestarles el servicio
cuando sabemos a dónde fue a parar ese recurso.
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