Personas sindicadas de llevar a campesinos de otras comunidades para evitar el desalojo de “Altamira”
María
José Sánchez/Corresponsal
Huixtla.-
En días pasados, el actuario del Tribunal Agrario de Tapachula, acompañado de
una representante de los derechos humanos y el delegado de gobierno, Ramiro
Hernández, se dieron cita en la comunidad Altamira, para proceder con la
sentencia emitida por el Tribunal Agrario en el expediente 165/2006.
En dicha
sentencia se ordenó el desalojo de las tres propiedades invadidas por un grupo
de campesinos, cuyos afectados son la profesora Flor Marlene Esquinca
Gutiérrez, el licenciado Manuel Esquinca Santibáñez, y el grupo campesino Simón
Bolívar.
Sin
embargo, por los pocos elementos que llevó la Policía Sectorial a cargo del
comandante Leonel Pineda Alfaro no se dieron las condiciones para tal
diligencia, toda vez que le pidieron 300 agentes y solo llevaba a 30 y menos
cuando para ello los invasores de Altamira colocaron a mujeres y niños adelante
para evitar el desalojo de las más de 800 hectáreas que fueron despojadas a sus
legítimos propietarios hace más de 15 años.
Se asentó
en el acta que a este desalojo que está ordenado por una autoridad federal, se
unió el señor Heyman Vázquez Medina y José Antonio Montes Lara, Aarón López
Tovilla, los dos primeros no son ni siquiera integrantes del grupo sino que
acudieron hasta esa comunidad para apoyar a los invasores llevando a otros
campesinos más para evitar no fueran desalojados.
Ante esta
situación las autoridades encargadas del desalojo se retiraron, pero los
abogados, entre ellos el licenciado Raúl Martínez Esquinca, señalaron que los
predios llevan invadidos más de 15 años, tiempo en los que la autoridad no ha
querido hacer justicia, más cuando al grupo invasor se le ofreció una porción
de las hectáreas para que ahí vivan y tengan un espacio para poder cultivar,
pero estos se negaron. Además que esos predios cada año se inundan, pero aun
así los lugareños se niegan a retirarse a pesar que ponen en riesgo a sus
familias.
Más
adelante el abogado dijo que se aprecia por parte de las autoridades la apatía
para cumplir con una sentencia, sobre todo cuando la Policía Sectorial cada vez
que se le ordena que se presente con los elementos suficientes apenas lleva 30
agentes, pero ellos informan ante los mandos superiores que acudieron con 300,
lo que no es cierto. Incluso se ha pedido apoyo a la policía federal pero
tampoco se ve el deseo de que se aplique la ley. Ante tal situación, dijeron
que interpondrán sus denuncias legales correspondencias para buscar se cumpla
con la sentencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario