Esta conducta, además de contravenir los principios de legalidad, honradez, lealtad y ética profesional que deben regir el actuar del servicio público, provocó afectaciones al patrimonio estatal y vulneró la confianza que la sociedad deposita en quienes tienen la responsabilidad de velar por el interés colectivo.
Al respecto, la titular de SAyBG, Ana Laura Romero Basurto, enfatizó que en la administración que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar no habrá espacio para la impunidad. Subrayó que se actuará con firmeza, estricto apego a la ley y plena transparencia, a fin de garantizar que ningún exservidor público utilice la experiencia y la información adquirida en el cargo para atentar contra el Estado, ni para obtener beneficios personales en detrimento del pueblo de Chiapas.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la justicia, la rendición de cuentas y la consolidación de un servicio público íntegro, alineado a los valores de la Nueva ERA de transparencia y cero tolerancia a la corrupción.

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