La
presunción de inocencia no es un principio retórico, es un derecho humano
consagrado en la Constitución
En
una democracia, el escrutinio no puede sustituirse por el espectáculo
Ante la polémica generada en medios de comunicación
y organizaciones sociales dedicadas a investigar la idoneidad de las
candidaturas para jueces y magistrados —en la que se han señalado ocho perfiles
con supuestos problemas jurídicos, lo que representa menos del 0.002% del total
de registros—, el debate público ha escalado en torno a los límites
institucionales, la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso en
un contexto electoral inédito para el Poder Judicial.
Ciudad de
México; 25 de abril de 2025.- El pasado jueves, durante
la sesión del Consejo General del INE dedicada a la elección de jueces,
magistrados y ministros, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala
manifestó su preocupación sobre la revisión de requisitos de elegibilidad en el
proceso de selección de candidaturas. En días recientes, el debate jurídico ha
cobrado aún más fuerza.
Para entender los alcances de esta controversia, se
entrevisto al abogado Ramón López Castro, especialista en derechos
fundamentales.
¿Qué opinión le merece la advertencia de la
consejera presidenta sobre una posible vulneración a la presunción de
inocencia?
Es una advertencia legítima y oportuna. La
presunción de inocencia no es un principio retórico, es un derecho humano
consagrado en la Constitución. Reabrir un proceso de revisión sobre requisitos
ya acreditados ante el Senado y los Comités de Evaluación implica poner en
duda, sin base jurídica nueva, la legalidad de esas candidaturas. Hacerlo en
medio de campañas genera incertidumbre jurídica.
¿Qué piensa del acuerdo que contempla habilitar un
micrositio del INE para recibir denuncias ciudadanas sobre vínculos de
candidatos con el crimen organizado?
Es profundamente preocupante. Un espacio abierto a
denuncias sin necesidad de pruebas vulnera directamente la presunción de
inocencia. Convertir al INE en un buzón público para acusaciones anónimas
transforma el proceso en un coliseo romano, como bien advirtió hoy la
presidenta Claudia Sheinbaum. No hay garantías para quienes sean señalados, ni
para quien denuncia: no existen protocolos claros, ni filtros mínimos de
veracidad.
Pero hay quienes argumentan que estas denuncias
deben ser escuchadas…
Por supuesto. Deben canalizarse por las vías
legales. El INE, como señaló la consejera Taddei, debe remitir cualquier
indicio serio a las autoridades competentes. Lo que no puede hacer es fomentar
el linchamiento mediático ni la sospecha sin sustento, más aún cuando ya hubo
un procedimiento respaldado por el Senado.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada
sobre este tema y afirmó que no puede convertirse la elección en un coliseo
romano. ¿Qué opina de esta declaración?
Me parece acertada. En una democracia, el
escrutinio no puede sustituirse por el espectáculo. La frase resume
perfectamente el riesgo de este tipo de mecanismos: no se puede montar una
arena para que los candidatos sean juzgados por rumorología. La justicia no
puede depender de percepciones, sino de pruebas.
¿Cuál sería el camino correcto para tratar
denuncias legítimas en este contexto?
Si existe información nueva y documentada, debe
presentarse ante la Fiscalía o el Tribunal Electoral. Pero no puede someterse a
las candidaturas a un nuevo filtro burocrático o mediático que viole su derecho
a una defensa adecuada. Las reglas no pueden cambiarse a mitad del juego.
¿Qué riesgos ve si este acuerdo se impone?
El principal riesgo es sentar un precedente peligroso: hoy son los jueces, mañana puede ser cualquier candidatura. También se deslegitima el trabajo del Senado y los comités evaluadores. Lo que está en juego es el respeto al marco legal, a los derechos humanos y a los límites institucionales.
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