Ciudad de México. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se vale de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para continuar el linchamiento mediático y la persecución política en contra de integrantes del Movimiento Antorchista, en venganza porque hemos criticado los pésimos resultados del gobernador morenista de Puebla y es inminente que Morena pierda las elecciones en esa entidad”, denunció el diputado federal antorchista Brasil Acosta Peña en videoconferencia conjunta con Juan Celis Aguirre, dirigente antorchista en esa entidad.
En Puebla, “la organización ha evidenciado la mala gestión del
gobierno, que incluye el incremento de la pobreza, la violencia e inseguridad,
y la fallida estrategia en la atención de la pandemia por el Covid-19 que ha
colocado a Puebla dentro de los estados donde hay más víctimas de la
enfermedad. Antorcha no es la única organización que exige resultados al
gobernador, como lo demuestra la bajísima evaluación de Barbosa entre los
poblanos, pero en vez de corregir y resolver los problemas que cada día se
acumulan, el gobernador se ha enfocado a perseguir políticamente a quienes
considera sus enemigos, que incluye a partidos políticos, universitarios,
organizaciones y comunicadores”, denunció Juan Manuel Celis.
“Estamos ante una condenable venganza política de un gobernador
emanado de Morena, una persecución absolutamente ilegal contra mexicanos de
oposición, a la que no debe prestarse la Unidad de Inteligencia Financiera o
cualquier otra instancia del gobierno federal”, concluyó Celis Aguirre.
Ayer, la UIF emitió dos boletines en donde hace alusión a que han
sido congeladas las cuentas de “una organización” que opera en el Estado de
México, así como se han congelado las cuentas de sus líderes en el Estado de
México y en Puebla. En ninguno de los textos menciona por su nombre a la
organización ni a persona alguna.
“Los referidos boletines son una forma de eludir la violación al
debido proceso en que incurriría Santiago Nieto y la UIF, de ventilar
oficialmente los datos personales en los medios de comunicación”, sostuvo el
diputado Brasil Acosta Peña, quien advirtió que esa violación a las leyes
entraña un grave peligro para las libertades de todos los mexicanos.
Sin embargo, es “evidente la maniobra para filtrar posteriormente
esos datos a la prensa y que los medios escriban el nombre del Movimiento
Antorchista y los nombres propios de algunos integrantes de la organización que
no son mencionados en los boletines de la UIF, lo cual evidentemente representa
un linchamiento público y una violación a nuestros derechos constitucionales,
pues no hay de por medio ninguna prueba de las acusaciones, ni hay un
procedimiento legal que nos involucre. Son acusaciones lanzadas para causarnos
el mayor daño moral posible y desacreditarnos políticamente”, sostuvo.
Dejó en claro que la actividad financiera del Movimiento
Antorchista es legal, pública y siempre ha estado fiscalizada por las
autoridades. “Nuestra independencia económica no es una vergüenza sino un modelo
para hacer política a favor de los mexicanos más pobres, sin depender del
erario”, agregó.
“La UIF y Barbosa Huerta buscan paralizar la actividad financiera
que sostiene las actividades políticas del Movimiento Antorchista, como es el
transporte, alimentación, vestido y vivienda de sus miles de activistas; se
busca acallar y frenar así a un competidor electoral que es muy crítico de los
numerosos errores de la actual administración y tiene un peso social que es
definitivo en las elecciones en varias entidades del país”, concluyó Juan
Celis.
Por su parte, Brasil Acosta, concluyó que “el objetivo de esta
campaña de linchamiento y represión es confundir a los mexicanos sobre el
origen del financiamiento de nuestra organización para eliminar a un competidor
electoral con mucha presencia entre el pueblo. Nuestra actividad financiera es
pública, legal y sometida a la fiscalización de las autoridades desde hace 46
años que nacimos como grupo organizado. No hay nada qué ocultar ni perseguir,
somos un grupo de mexicanos que generan recursos para su actividad social y
política; no hay nada ilegal ni inmoral en el trabajo financiero de Antorcha, a
menos que los gobernantes fabriquen delitos como en los peores tiempos
políticos de este país. Llamamos a todos los mexicanos a oponerse a la
persecución política que hoy nos hace víctimas a nosotros, pero mañana puede
dirigirse contra cualquier mexicano, lo que abriría el paso a una disctadura”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario