martes, 18 de agosto de 2020

Funcionarios que recurran a la reelección sin licencia dejarán ver su falta de ética: Elvira Romero

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA/Redacción/Quihubole!!!, a 18 de agosto del 2020.-  “Más allá de que se aplique un referéndum para invalidar la reformas promovida por la XXIII Legislatura del Estado, el uso de este tipo de recursos para acceder a beneficios electorales, demuestra una falta total de ética de los funcionarios que actualmente desempeñan una función dentro del gobierno”, señaló Elvira Romero Gutierrez, excandidata a la presidencia municipal de Ensenada.

Que moldeen y aprueben leyes a su beneficio sin tener en cuenta a la población que ya los eligió en un proceso anterior, es una falta de respeto que seguramente el electorado les dejará notar a aquellos que quieran sacar ventaja de su posición política al momento de buscar el voto.

La empresaria y excandidata de Movimiento Ciudadano, refirió que estas medidas ponen en desventaja a los ciudadanos de a pie que buscan contribuir a la política pública con proyectos que no están apalancados con patrocinadores políticos y a su vez, merman el entusiasmo de la sociedad en participar en la contienda electoral, pues una vez más se presentan “los mismos de siempre”.

La conocida “Ley Gandalla” permitirá a munícipes, regidores, síndicos y diputados locales aspirar a la reelección sin solicitar licencia para separarse del cargo que ostenten en el momento, lo que a ver de la sociedad, les pone en ventaja durante el proceso electoral.

La reforma indica que los funcionarios no podrán hacer uso de recursos públicos, no podrán percibir sueldo, ni disponer del personal a su cargo para temas de índole electoral. Además deberán abstenerse de presentarse en actos públicos derivados de programas sociales o promover acciones en beneficio social durante el periodo de campaña.

Al final del día, los recursos con los que trabaja el gobierno y los recursos con los que se hace campaña salen de la bolsa de los ciudadanos y el estado no cuenta con mecanismos para fiscalizar eficientemente su destino, los legisladores del Congreso del Estado, al ser juez y parte en estas decisiones, le han quitado a la ciudadanía la posibilidad de confiar en su palabra, sentenció la empresaria.

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