El proceso de negociación y su primer producto, conocido con los
años como los “Acuerdos de San Andrés Larrainzar”, fueron firmados el 16 de
febrero de 1996, después de una intensa etapa de construcción de consensos,
donde participaron representantes de pueblos indígenas de todo el país
invitados por ambas delegaciones.
Como anécdota puedo referir, que al margen de que los
representantes fueran invitados por el Gobierno o por el EZLN, todos ellos
compartían un mismo diagnóstico por lo que la formulación de propuestas,
conclusiones y compromisos se caracterizó por una amplia unanimidad.
Al margen de los Partidos o los intereses de cada representante,
se compartían objetivos, anhelos y sueños comunes.
En los meses posteriores a la firma de los Acuerdos de San Andrés,
ante la dificultad para que las Delegaciones del Gobierno Federal y del EZLN
encontraran una fórmula consensuada, que permitiera trasladar al texto
constitucional, los Acuerdos de San Andrés, las partes en conflicto, o sea el
Gobierno Federal y el EZLN, le solicitaron a la Comisión de Concordia y
Pacificación, la elaboración de una propuesta de iniciativa de modificaciones
constitucionales, partiendo como base los contenidos textuales acordados por
ambas delegaciones.
En ese tiempo la COCOPA estaba conformada por dos representantes
del Senado de la República y la Cámara de Diputados, éramos miembros de cuatro
partidos PAN, PRI, PRD y Partido del Trabajo. La propia conformación plural de
la comisión impedía, que se pudieran introducir conceptos no pactados por las
partes.
De esta manera a fines de noviembre de 1996, la COCOPA terminó la
propuesta de Iniciativa de Ley, y se la turno al Gobierno Federal y al EZLN, al
mismo tiempo, para su análisis y observación.
Después de ser analizada, dicha iniciativa por parte del EZLN y la
Comisión de Asesores que los acompañaban, el Subcomandante Marcos, nos informó
a los integrantes de la COCOPA, que si bien la Iniciativa presentada, no
abarcaba el conjunto de contenidos a los que aspiraban, la aceptaban, con el
ánimo de continuar con los trabajos rumbo a la paz.
Cabe mencionar, que el ánimo ente quienes conformábamos aquella
Comisión Legislativa, fue de alegría y satisfacción, la parte aparentemente más
radical y con quienes pensábamos habría mayores complicaciones, para acordar el
texto elaborado, lo había aceptado en los mejores términos.
Pronto se esfumarían las esperanzas que albergábamos. El
presidente Ernesto Zedillo, en un tono desafiante y amenazante, nos dijo, que
dicha Iniciativa “balcanizaría al país”, “fragmentaría la unidad nacional” y
que además la misma adolecía de técnica jurídica.
A 24 años de esos hechos, con los datos que aparecen en la Página
WEB de SEMARNAT, nos encontramos con el dato sumatorio de 1994 al 2012, se
entregaron mediante la vía de concesiones mineras, explotaciones forestales,
energéticas y otro tipo de actividades cerca de 96 millones de hectáreas, o sea
casi la mitad del país, a empresas nacionales y extranjeras.
Durante el periodo 2001-2015, la SE otorgó un total de 27,915
concesiones, de las cuales a 2015 continuaban vigentes 19,416, las cuales
abarcan una superficie de más de 36 millones de hectáreas. Sean unos o sean
otros los datos, lo cierto es, que estas cifras expresan una política
irresponsable, que ha generado situaciones de crisis y conflictos que han
repercutido seriamente en la gobernabilidad del país.
Ante estos datos habría que preguntar, a quienes acusaban de que
la Iniciativa de Ley elaborada por la COCOPA, fragmentaría a la Nación.
¿Cuál fue la “técnica jurídica” que utilizaron para entregar vía
concesiones, esta parte tan grande del territorio nacional?
En el año 2001 ante una nueva ofensiva política del EZLN, que
realizó una marcha exitosa y multitudinaria de Chiapas a la Ciudad de México,
el presidente Vicente Fox, turno la Iniciativa de Ley, aceptada por el EZLN al
Congreso de la Unión, en donde de nueva cuenta, salieron a relucir “los
fantasmas de la supuesta fragmentación del país”.
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