viernes, 1 de julio de 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DEBERÁ REGRESAR MAS DE 70 MDP

BAJA CALIFORNIA
La administración de Francisco Vega de Lamadrid debe reintegrar 70 millones 335 mil pesos de los recursos no ejercidos
Tijuana, 1 de marzo, (La Jornada).- Por la clausura de la construcción del Zócalo 11 de Julio, el gobierno de Baja California está obligado a reintegrar 70 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), correspondientes a recursos sin ejercer del Fondo Metropolitano de Tijuana.
La tarde del 29 de septiembre de 2015, inspectores de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tijuana colocaron sellos de clausura en la barda perimetral de madera de la obra por mandato de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que presidía el magistrado Roberto Vidrio.
El 18 de septiembre la resolución judicial ordenó la suspensión temporal de las obras por no haber entregado el dictamen técnico del proyecto al grupo Defensores del Parque Benito Juárez que se oponían a la tala de árboles y la construcción en una zona que se encuentra entre las sedes del gobierno estatal y el Ayuntamiento, pero fue hasta 11 días después cuando concluyó el plazo para la ejecución del mandato judicial.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la obra se encontraba suspendida y clausurada durante una visita de verificación que realizó personal del máximo órgano de fiscalización del país y de residencia de obra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, dentro de los programas de auditoría de la Cuenta Pública 2014. Allí se solicitó un informe de las causas que originaron la suspensión, así como la fecha probable de su reinicio, “puesto que en caso de no ejercerse en dicho contrato los recursos del fondo, deberán ser devueltos más los rendimientos financieros generados”.
El miércoles 17 de febrero se dio a conocer en el Congreso de la Unión el Informe del Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 donde se establece que la administración de Francisco Vega de Lamadrid debe reintegrar 70 millones 335 mil pesos de los recursos no ejercidos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado C-PDR-14-TIJ-EP-90 con un monto autorizado de 96 millones 548 mil 400 pesos.
De acuerdo con la revisión de los auditores del Fondo Metropolitano y del Programa de Desarrollo Regional se estableció que se habían ejercido poco más de 26 millones de pesos, según el dictamen de la ASF del 17 de diciembre de 2015.
La auditoría 14-A-02000-04-0337-03-004 pidió al gobierno estatal que aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de este contrato, en razón de que en la supervisión física realizada en noviembre de 2015 se identificó el incumplimiento en tiempo y forma de las metas establecidas y tampoco se ejecutaron los trabajos de manera interrumpida.
La auditoría practicada tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales de este Fondo Metropolitano con la finalidad de comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa vigente.
En el curso de la auditoría, la directora de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública de la administración estatal de Baja California proporcionó copia de los oficios 006710 y 007210 del 29 de octubre y 23 de noviembre de 2015 en los cuales el director de Obras de Edificación y el secretario de la SIDUE proporcionaron copia del dictamen de uso de suelo, de la autorización del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, de la Resolución de Impacto Ambiental Condicionada, de la Licencia de Construcción y sus prórrogas.
También informó que la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana colocó sellos de clausura en el acceso principal de la obra y notificó el acto de gobierno con el oficio DIR-DAU/223/2015, l.
El gobierno de Baja California dio a conocer a la ASF que el subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Víctor Lujano, presentó ante la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la demanda de amparo 1165/15, con fecha del 29 de septiembre de 2015, y que se realizaban los procedimientos necesarios para reanudar los trabajos “a la brevedad posible”.
No obstante, para la ASF subsiste la observación toda vez que los trabajos del Zócalo 11 de Julio están sin actividad y carecen de una fecha probable de su reinicio, ya que la obra continúa suspendida, por lo que “el gobierno estatal deberá reintegrar el importe”.
El día de la clausura, las autoridades ambientales señalaron que del parque se removieron 98 árboles para ubicarlos en diferentes puntos de la Zona Río, de los cuales cuatro no sobrevivieron  y que sólo uno fue talado.
Han transcurrido casi cinco meses, desde la suspensión de la obra hasta la presentación del Informe de la ASF que contiene el dictamen del reintegro de los recursos sin ejercer.
La reposición de los recursos es independiente de los 5 millones de pesos que el gobierno estatal tuvo que pagar a la empresa Jay Construcciones por el perjuicio causado a consecuencia de la suspensión de las obras.
El costo total de la obra es de unos mil millones de pesos, de los cuales cerca de una tercera parte serían aportados por la federación y el resto por parte de empresas privadas a través de la modalidad de asociaciones públicas privadas.

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