Por Patricia Muñoz/La Jornada
Ciudad de México, 12 de octubre.- El salario mínimo "digno"
debe ser de 210 pesos diarios, es decir, 6 mil 300 mensuales y también se
tendría que establecer una remuneración máxima para los gobernantes, para que
este país deje de ser el que tiene trabajadores miserables, mientras sus
funcionarios tienen sueldos faraónicos y los empresarios ganancias
estratosféricas.
Es decir, se debe poner un coto a la "avaricia patronal",
señalaron los sindicatos que conforman la Nueva Central de Trabajadores, como
parte de las conclusiones de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Indicaron que en México, la derecha ultraneoliberal ha llevado al
extremo sus ataques a la clase trabajadora y no ha cesado su intento de
destruir al sindicalismo independiente. Se apoya en las burocracias sindicales
charras para destruir los contratos colectivos de trabajo, despedir a decenas
de miles y privatizar las empresas públicas.
Además, en el país se han introducido los llamados "contratos de
protección", para privar del derecho a la libre sindicalización a cerca de
90 por ciento de la clase trabajadora y se ha reducido al salario a un tercio
de lo que se requeriría para que un obrero pueda adquirir la canasta básica
alimentaria.
Por si fuera poco, también esta ultraderecha logró que se eliminaran de
la Ley Federal del Trabajo, derechos básicos, como el del empleo seguro,
facilitando los despidos, introduciendo diversos formatos de contratos "a
prueba", y con la legalización de la subcontratación outsourcing
"entre muchas otras artimañas para incrementar la explotación de los
trabajadores".
Esta Nueva Central de Trabajadores, en la que militan gremios como el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), diversas secciones de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Alianza de
Tranviarios, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma
Metropolitana (Situam), el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical
(Cilas), entre otros, participó en las acciones que se llevaron a cabo en
diversos países en favor del empleo decente.
Como parte de sus conclusiones, estos gremios señalaron que se
requeriría impulsar una legislación laboral que asegure la defensa del salario
y del empleo, así como los derechos de los trabajadores. Pero sobre todo la que
erradique los contratos de protección y la toma de nota como mecanismos de
injerencia del gobierno en la vida interna de los sindicatos; además de que se
combata la precarización del empleo, especialmente del juvenil y la
subcontratación.
Señalaron que se debe impulsar la economía social y cooperativa, como
forma de incentivar el empleo; reducir la jornada laboral a 35 horas semanales;
elevar el salario mínimo a 210 pesos diarios, y defender los regímenes de
jubilación, independientemente de mantener una pensión pública universal para
el adulto mayor de 60 años, así como derogar la reforma que permitió la
creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, que ha resultado una estafa más
para los trabajadores y que pone en peligro la seguridad de millones de
pensionados.
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