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Llamado de Pedro Castillo Chavoya, advirtiendo que el Gobierno Federal y sus cómplices en la actual Cámara de Diputados preparan la ofensiva para limitar el consumo de agua por habitante, y concesionarle el servicio a empresas privadas, lo cual “es una violación a los derechos humanos” |
TIJUANA.- “El Gobierno Federal y los legisladores federales actuales
preparan una ofensiva contra los mexicanos, porque pretenden limitar el consumo
de agua por habitante, y le quieren concesionar el servicio a las empresas
privadas, lo cual no debemos permitirlo”, advierte Pedro Castillo Chavoya,
quien llama a la gente del Distrito 4 a razonar su voto el domingo 7 de junio y
voten por él, para legislar en contra de esos atentados a los derechos humanos.
Al poner ese recurso y el suministro del mismo en manos de empresas
privadas, se viola el derecho humano al agua, y por supuesto, se viola la
Constitución misma, porque en el Artículo 4 de nuestra Carta Magna dice que
"toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible".
La nueva Ley General de Aguas de México quedó detenida en marzo pasado,
en virtud de que el partido político que se encuentra en el poder previó que
continuar con la polémica le iba a perjudicar en el actual proceso electoral.
“Ellos saben que si la hubieran aprobado, el PRI se caería
definitivamente, incluso de la Presidencia de la República misma, porque ya nos
están quitando una riqueza, un recurso nacional, el petróleo… pero que no
toquen el agua, porque entonces la gente les hace una revolución armada.
Limitarles o cortarles el agua a la gente, es condenarla a morir, eso no se
vale, sería lo ultimo; no lo podemos ni lo debemos permitir”, expresó molesto
Pedro Castillo.
El problema es que la iniciativa sigue en Comisiones, y por eso es que
la postura oficial de los abanderados del PT en todo el país se pronuncian
tajantemente en contra de dicha Ley.
En caso de que la actual legislatura la aprobara, Pedro Castillo, se
compromete a que él, y todos los que sean diputados federales por el PT,
legislarán para derogar todos los artículos que tiendan a la privatización del
servicio; y si el tema quedara pendiente para la legislatura entrante, van a
votar en contra de esas pretenciones del Sistema.
El aspirante a Diputado Federal en el Distrito 4 advierte que si las
empresas privadas administran el servicio, se perderá toda política de
sensibilidad social, ya que sin duda alguna, los empresarios verían el manejo
de los recursos hídricos como un negocio, y a ellos, a los empresarios, no se
les podría exigir, como sí se hace con el Gobierno, a ser más tolerantes, a dar
facilidades e incluso condonar pagos a personas de la tercera edad o con alguna
discapacidad.
“Ciertamente las leyes actuales marcan como consumo mínimo promedio 50
litros diarios de consumo de agua por persona, pero no hay penalización por
superar ese límite, y la tarifa, en los casos de consumo domiciliario, no sube
mucho; en cambio, en manos de empresarios, para empezar, las tarifas se
aumentarían demasiado, ya que no habría subsidio del Gobierno, y para colmo de
males, los empresarios no les exentarían del pago a las personas de la tercera
edad, ni les cobrarían tarifas
simbólicas a las personas con discapacidad”.
“No habría campañas de eliminación de multas y recargos, y ni qué
pensar en que se decrete otro “borrón y cuenta nueva”, como la que hizo el
Gobernador el año pasado. No, definitivamente, están condenando el Gobierno y
sus cómplices a que la gente se muera por falta de agua, pues las familias
pobres, que son mayoría en todo el país, no podrían pagar tarifas elevadas, las
empresas indolentes y crueles cortarían el suministro, y las familias pobres no
tendrían ni para bañarse ni para lavar trastes, ni ropa… no, eso no se puede
permitir”, abundó con mucho coraje Pedro Castillo Chavoya.
De acuerdo a los tratados internacionales y la propia Constitución
Mexicana, así como nuestras leyes relacionadas con los derechos humanos, negar
o cortar el servicio de agua potable a la gente es un crimen de lesa humanidad,
“o sea, eso es totalmente inhumano; es un delito por el cual se podría incluso
solicitar juicio político y cadena perpetua a los que aprueben esa Ley. Por eso
debemos impedir o detener y desaparecer esa Ley que atenta contra la vida misma
del ser humano”, recalcó.
Al parecer, para lograr sus objetivos, los que quieren que prospere la
nueva Ley General de Aguas, reformaron el artículo 27 de la Constitución para
dejarlo así: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de
los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación,
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo
podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización".
Pero si le conceden a particulares el suministro de agua van a perjudicar la
economía de los mexicanos pobres, como se advierte ya.
Otro aspecto perjudicial de la nueva Ley de Aguas es que habla de
suministrar el agua a las grandes concentraciones urbanas, descritas como
"asentamientos humanos", pero a las poblaciones marginadas no se les
considera prioritarias, por lo que esto afecta además a los pueblos indígenas.
"Los recursos hídricos que se encuentran en sus territorios
ancestrales serían usados para llevar agua a zonas donde esta se paga
bien", advirtió un hidrogeólogo de la UNAM.
Para solucionar el problema de la escasez de agua que habita en algunas
regiones del país, se propone el trasvase de agua de una cuenca a otra mediante
megaproyectos de infraestructura, y esos son pretextos para cometer actos como
el siguiente: en Sonora, Mario Luna y Fernando Jiménez, dos líderes indígenas
Yaquis, están tras las rejas por luchar para detener la construcción de un
acueducto ilegal que los despoja de su agua.
Sin informar ni consultar a la tribu Yaqui, en enero de 2010, el
Gobierno del Estado de Sonora inició la construcción del Acueducto
Independencia - con el pretexto de dar agua a Hermosillo. Y a pesar de que la
tribu Yaqui ha ganado la batalla legal en tribunales, las acciones ilegales del
gobierno continúan hasta el día de hoy.
“Si eso está pasando ahorita ya, ¿qué podemos esperar si aprueban la
nueva Ley de Aguas? Que esas injusticias se repitan por todo el territorio
nacional, y eso no debemos permitirlo. Amigo elector del Distrito 4, el domingo
7 de junio vota por la diferencia, vota por el PT, vota por tu amigo, Pedro
Castillo Chavoya para Diputado Federal, y vamos a defenderte en la Cámara de
Diputados, para impedir esas injusticias”, concluyó.