POR: Hugo Páez el 15 de febrero de 2015
Las semanas que la Federación dejó en libertad de movimiento al ex
gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, bastaron para cambiar la
historia y manipular los escenarios comprometedores en la barbarie del 26 y 27
de septiembre en Iguala. Posteriormente resultó imposible fincarle
responsabilidad alguna y, ahora, la Procuraduría General de la República de
Jesús Murillo Karam enfocó la investigación a familiares y funcionarios
implicados en desvíos de recursos del gobierno de Guerrero, entre los que se
encuentra su hermano Mateo e integrantes de la familia Hughes.
El operativo, de inmediato, provocó una respuesta del gobernador con
licencia: “Me pongo a disposición de las autoridades federales y estatales para
que se me investigue de cualquier hecho que se me impute, como ha sucedido
desde el primer día en que solicité licencia sobre los lamentables hechos
acontecidos en la ciudad de Iguala”, aseveró: “Lo haré con dignidad y entereza;
no habré de esconderme ni, mucho menos, salir de mi país y estado. Lo único que
exijo a las autoridades es justicia pareja y estricto apego a derecho”, agregó.
Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano de Ángel Aguirre, y su primo Luis
Ángel Aguirre Pérez fueron detenidos el martes, por autoridades federales,
junto a cuatro personas por realizar operaciones con recursos de procedencia
ilícita que ascienden a más de 287 millones de pesos, según la Agencia de
Investigación Criminal.
El miércoles fueron capturados los hombres de todas sus confianzas,
Jorge Salgado Leyva, secretario de Finanzas, y Víctor Ignacio Hughes Alcocer,
ex subsecretario de Finanzas y Administración, y también su secretario
particular del 2009 al 2011.
Pero la historia política de Ángel Heladio inició en el PRI, incluso,
fue senador y diputado federal, en dos ocasiones, por el tricolor. En 2010, él
manifestó su interés por la candidatura del PRI a la gubernatura de Guerrero en
las elecciones de 2011, pero el partido optó por Manuel Añorve Baños como su
candidato, por lo tanto, en agosto de 2011, Aguirre aceptó la candidatura de la
alianza Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA), integrada por PRD, PT y
Convergencia, con lo que renunció a su afiliación priísta.
En este escenario surge uno de sus grandes apoyos, el jefe de Gobierno
del DF, Marcelo Ebrard Casaubón, en una estrategia que sirvió de prueba piloto
para proyectar las alianzas en otros estados. Ebrard financió gran parte de la
campaña de Aguirre Rivero y coaligó, para materializar la traición al PRI, a su
primo Manuel Añorve y, en consecuencia, al entonces coordinador parlamentario
en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.
Añorve perdió la elección; se quedó sólo con el soporte político y
moral de Beltrones, quien lo acompañó hasta el final, y lograron repetir la
fórmula en la Cámara de Diputados, desde donde, nuevamente, se quedó en la raya
al ceder la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Héctor Astudillo, quien
enfrentará a Luis Walton Aburto, del Movimiento Ciudadano, y, probablemente, a
Beatriz Mojica, del PRD.
El mismo miércoles, el ex gobernador deslindó al sol azteca de sus
actos y presentó su renuncia al partido; no hubo espacios para el duelo: no
hubo tregua de sus compañeros de izquierda; ese mismo día, el coordinador de la
bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, cuestionó, fuertemente, la
candidatura de Ángel Aguirre Herrera a la alcaldía de Acapulco.
A una semana de cumplir cuatro meses de la barbarie en Iguala apareció
la temeridad del hijo del ex gobernador de Guerrero en busca de la joya del
estado: La alcaldía de Acapulco. Su seguridad era evidente, explicable sólo por
el blindaje de alguna negociación al más alto nivel.
En esos momentos se habló de una especie de amnistía del gobierno
federal a Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien permanecía intocable por la
justicia estatal, y la de la Federación. La muestra de dominio del partido fue
probada por Armando Ríos Piter al declinar su intención de buscar la
gubernatura por el sol azteca: “Me pidieron (Jesús Ortega) negociar con
Aguirre”, declaró.
La temeridad de Ángel Jr., violentaba ese sentido común ante la
indudable corresponsabilidad del ex gobernador, al menos en las condiciones
políticas, y tolerancia del crimen organizado, que derivaron en el asesinato de
normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 42, que metieron al país en la
peor crisis del sexenio. Frente a esa escena, impensable en octubre del 2014,
la justificación de Carlos Navarrete era de humor involuntario: “Serán los
acapulqueños los que decidan”.
Desde su posición de gobernador, durante los 27 días posteriores a la
masacre de Iguala, Ángel Aguirre Rivero manejó información de primera línea;
manipuló escenarios y pruebas de la investigación de su fiscal Iñaky Cabrera.
Guardó lo necesario para su supervivencia; Iñaky fue despedido y declarado en
PGR.
El terreno se hizo imposible para la PGR. Jesús Murillo Karam aceptó la
participación del Equipo Argentino de Antropología Forense para imprimir ese
aval científico, necesario, cuando menos, en el imaginario del gobierno federal
para resolver con credibilidad la barbarie de los 43 normalistas, legalmente
dados por muertos por la PGR.
Pero chocaron las dos visiones, por los dos objetivos irreconciliables:
El científico y el de la autoridad de seguridad pública, primero, porque el
gobierno federal cumple un propósito político sustentado en principios legales
que no necesariamente están soportados por procesos estrictamente científicos.
Segundo, porque el rigor de la antropología forense no tiene plazos de
conclusión, y, en una diversidad de casos como el de Cocula, la contaminación
de los sitios, la falta de pruebas concluyentes y la manipulación de objetos y
circunstancias, no coinciden con la conclusión que presentaron Jesús Murillo
Karam y Tomás Zerón de Lucio. Así lo expuso, el 6 de febrero, un documento con
siete inconsistencias por los forenses argentinos (EAAF).
La PGR cerró una etapa de conclusiones con una verdad histórica basada
en declaraciones y elementos probatorios que no tienen el aval del EAAF. La
certeza legal de la PGR concluye que los restos del basurero de Cocula,
trasladados al río de la entidad en bolsas -algunos de los cuales fueron
depositados en el caudal-, corresponden a los estudiantes presuntamente
ejecutados y calcinados; esa es la conclusión oficial de la procuraduría, no
del estudio científico, ni tampoco la de un juez.
Ángel Aguirre Rivero desarticuló todo; no hay forma de cerrar el caso
con la credibilidad necesaria; posiblemente sea el motivo de enfilar las
baterías de la PGR contra el círculo íntimo del ex gobernador, con detenciones
por delitos relacionados con desvíos de recursos y lavado de dinero, no por
alguna responsabilidad penal en un estado donde el conteo de ejecutados,
sepultados en fosas clandestinas y normalistas desaparecidos, es la nota de
México en el mundo que mereció la intervención del presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, y del Papa Francisco en el Vaticano.
Espero que esto no sacie algún apetito vengador, que no se trate de una
razzia para cercarlo por algo que adolecen todos los estados de la República:
La falta de transparencia, rendición de cuentas y corrupción legalmente
ocultable.
Bajo este razonamiento, y no el de la tolerancia y complicidad con el
crimen organizado, todas las entidades deberían estar bajo este escrutinio.
Imagino a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, de Alberto Bazbaz,
junto a la Agencia de Investigación de la PGR, de Tomás Zerón de Lucio, en
constante monitoreo sobre todos los gobiernos de los estados, pero habrá que
reflexionar sobre la conveniencia de la justicia selectiva y la aplicación
forzada, como es el caso de Guerrero y el ex gobernador del estado, que se
mantuvo en total impunidad por más de cuatro meses.
