Por: Aquiles Córdova Morán
Srio. Gral., del Movimiento Antorchista Nacional
En la semana recién pasada, por varios conductos de gente buena que nos quiso alertar, supimos que hay una orden de aprehensión en contra de la dirigente antorchista Rosario Sánchez Hernández (su nombre está equivocado en la orden, pero no hay duda de que se trata de ella) y dos antorchistas más, acusados de robo agravado y probablemente de otros más que por el momento ignoramos.
¿En qué se basa la acusación contra Chari (como la llaman afectuosamente sus compañeros) y sus dos compañeros? Es del dominio público el manejo clientelar y discriminatorio de los programas de gobierno destinados a aliviar la situación de los menos favorecidos del país, desde las transferencias monetarias directas hasta los créditos de 25 mil pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas más dañadas por el Covid-19. De los primeros, se sabe que los beneficiarios fueron seleccionados con criterios partidistas mediante un padrón levantado antes de que el actual Gobierno tomara legalmente las riendas del país. La tarea corrió a cargo de un ejército de morenistas sin personalidad legal, los llamados “servidores de la nación”, que hicieron un trabajo sigiloso y sin ninguna normatividad oficial y que, en las visitas domiciliarias, portaban playeras que los identificaban claramente como morenistas. Sobre los microcréditos, no hace más de una semana que los medios informaron el hecho de que los beneficiarios, que también fueron preseleccionados con sigilo, recibían, junto con el dinero, una carta personalizada y firmada por el presidente de la República. Usted, amigo lector, amiga lectora, puede imaginarse con qué propósito.
La gente en general, sobre todo la necesitada de ayuda, asegura que este mismo manejo sigiloso y clientelar se aplica a otros programas de apoyos gubernamentales, tales como el mejoramiento y construcción de vivienda popular, la entrega de fertilizante subsidiado a los pequeños productores del campo, la formación de comités comunitarios para promover la cultura y el deporte y la contratación de nuevo personal para algunas dependencias, en particular para el sector salud. En todos estos casos, y otros que la gente menciona, se aplica, dicen, el mismo filtro: si eres morenista (o estás dispuesto a serlo), sí; en caso contrario, ¡no! Y hazle como quieras.
Es en este contexto que se explica el “crimen” que le imputan a Chari. Varias semanas atrás, algunos medios nacionales y de varios estados informaron sobre la protesta nacional que se conoció como “de banderas blancas”, que eran trapos de ese color colocados en los hogares más urgidos de apoyo alimentario. Esa protesta fue particularmente intensa en el estado de Puebla. Por tal motivo, se desbordó el conocido y temido visceralismo del gobernador poblano Miguel Barbosa, quien declaró a los medios que tenía pruebas de que detrás del movimiento estaban los antorchistas (como si eso fuera de por sí un delito) y que, por tanto, no les daría ni agua a los inconformes. Son los mismos líderes corruptos, aseguró, que una vez más insisten en manipular las ayudas oficiales en beneficio propio. Pero eso se acabó, fue la sentencia definitiva del gobernador.
Pero eso no tenía ninguna lógica. Primero, porque Barbosa sabe que el gobierno tiene el poder sobrado para imprimir a sus programas “de ayuda” la modalidad que se le pegue la gana, como vimos renglones arriba, es decir, que podía perfectamente atender la urgente necesidad de los hambrientos y, al mismo tiempo, impedir que los “líderes corruptos” olieran siquiera las despensas (o lo que fuera). Segundo, porque resultaba evidente que no eran los “líderes antorchistas” quienes necesitaban y pedían alimentos. Ellos, literalmente, no habían dicho ni una palabra sobre el movimiento de los trapos blancos, y menos aún sobre cómo debería repartirse la ayuda. Era el grito de auxilio de las familias con hambre, la gran mayoría de las cuales no eran antorchistas ni tenían nada que ver con nuestra organización. Todo fue una invención malévola de Barbosa para castigar a los antorchistas por su militancia política. Su verdadero propósito era dar un uso electoral a los alimentos; hacer saber a la gente que, si quería recibir su ayuda, tendría que intercambiar su militancia por una despensa.
Pero la presión popular por alimentos siguió aumentando en intensidad y Barbosa tuvo al fin que acceder a repartir algunas despensas para paliar la inconformidad. Esta decisión forzada hizo explotar de nuevo la iracundia del gobernador, porque vio en ella una victoria de los antorchistas. Para desquitar su furia, repitió con más amenazante energía lo que ya había dicho cuando los trapos blancos: para los antorchistas nada, ni agua. Esa fue la instrucción para los repartidores de despensas que, además, iban advertidos de que deberían llamar a la fuerza pública si era necesaria para hacerla respetar a como diera lugar. En efecto, el reparto fue rigurosamente selectivo: se entregó una despensa a las personas previamente seleccionadas y a nadie más. En algunos casos, de manera sigilosa, pero en las colonias con presencia antorchista, se hizo abiertamente y a plena luz del día, con la clara intención de provocar la deserción de los hambrientos a cambio de alimento, o de exponer a los tercos a la burla de quienes sí habían recibido una despensa.
Uno de estos repartos provocadores tuvo lugar en una colonia del norte de la ciudad de Puebla, la zona donde se hacinan en chozas miserables e infrahumanas los más pobres entre los pobres de la capital. En esa colonia existe, en efecto, un importante grupo antorchista, uno de los muchos que reconocen a Chari como su lideresa natural y legítima. Pero, contra lo que probablemente digan sus acusadores, ella nada tuvo que ver en la aglomeración de la gente en torno al camión de las despensas. Se necesita ser irremediablemente obtuso para ponerse a buscar un culpable que está a la vista de todo el mundo: ese culpable es el hambre secular del pueblo, agravada por la pandemia, y los gobernantes despóticos y arrogantes que se niegan a atender a los más necesitados. ¿Qué necesidad tenía la gente de que alguien la llamara a exigir una despensa a los empleados de Barbosa, si con su hambre tiene motivo de sobra? Y ¿qué derecho tienen los empleados y Barbosa mismo a negarles el alimento, es decir, a condenarlos a la muerte por inanición?
A pesar de todo esto, la verdad simple y sencilla es que Chari llegó al lugar de los hechos cuando la protesta tenía rato de haberse instalado en torno al camión de las despensas en demanda de que el reparto “fuera parejo”. Y también que fueron algunos de los antorchistas que se hallaban entre los inconformes los que, tratando de impedir que las pasiones se desbordaran, pidieron su presencia para poner orden y tratar de hacer entender a los repartidores la necesidad de la gente. Y eso hizo Chari; ese es el nefando crimen por el que ahora se la persigue para refundirla en la cárcel. No hay duda de que ella actuó como la líder de masas que siempre ha sido; que acudió convencida de que la gente tenía razón en su demanda de “reparto parejo”. Por eso, al tiempo que ponía orden en el tumulto, encaró con decisión a los repartidores exigiéndoles que dieran despensa a todos hasta agotar las existencias. Pero nunca puso la mano sobre ninguna despensa ajena ni se introdujo, ni ella ni ningún antorchista, en el vehículo repartidor para usurpar las funciones de los empleados de Barbosa. No hay materia para acusarla de robo. Es más, a Barbosa debería causarle preocupación y vergüenza acusar a un ciudadano humilde del delito de robar por hambre. Nadie roba por hambre donde todos tienen qué comer. Su prepotencia y su insensibilidad le impiden, además, entender que la injusta persecución de una lideresa popular genuina como Chari, solo sirve para incrementar la inconformidad y el odio de los descamisados ante la injusticia social que padecen y que este régimen y este gobierno no ha hecho más que incrementar. No es muy inteligente ponerse a fumar despreocupadamente junto a un barril de pólvora.
Los antorchistas de todo el país estamos informados de la posición del gobernador Barbosa en contra de nuestro Movimiento. Sabemos bien que el brutal atropello del IEEP al derecho del Movimiento Antorchista Poblano (MAP) a convertirse en partido político estatal obedeció a una orden directa del gobernador Barbosa. También sabemos que la instrucción que ha dado a sus funcionarios es: ¡Nada para Antorcha! Para ellos, palo y “v…a”. Así, con ese lenguaje escogido y elegante, se expresa de nosotros el señor gobernador de Puebla. Finalmente, por varios conductos fiables nos enteramos que, a raíz de la visita del Presidente de la República a Puebla, el gobernador, furioso por las protestas de ese día entre las cuales algunas fueron de los antorchistas, explotó ante testigos: “hay que ch… a esos hijos de…; no dejen pasar ninguna oportunidad, por mínima que sea, para fincarles delitos y refundirlos en la cárcel”. Lo que ocurre hoy con Chari, pues, es el primer fruto de una premeditada política represiva ordenada por Barbosa. Los antorchistas del país nos aprestamos, por eso, a defendernos a escala nacional.
Leí hace poco, en la columna “Frentes Políticos” de Excélsior del 11 de julio, que el Presidente de la República “… sostuvo que serán respetuosos del Estado de Derecho para llevar a cabo el proceso judicial contra (César) Duarte, y no se fabricarán delitos, como sucedía en las administraciones pasadas”. Si esto es así (y ojalá lo fuera), si es verdad que el Presidente no permitirá que en su gobierno se fabriquen delitos o se mezcle “lo político con lo jurídico”, ¿sería mucho pedir que le echara un vistazo a lo que ocurre en Puebla? ¿Sería mucho pedir que ordene frenar los inauditos abusos de poder de Barbosa en contra de los poblanos y que cese en sus feroces cuanto ilegales amenazas y órdenes de persecución en contra nuestra, precisamente con delitos prefabricados? Sea o no mucho pedir, yo cumplo con mi deber y hago uso de mi legítimo derecho, al ponerlo, a él y a todo el país, al tanto del batidero que se está haciendo en Puebla con el derecho y la justicia por parte de quien tiene el deber de garantizarlos y defenderlos en bien de la paz pública. Para que nadie, el día de mañana, tenga oportunidad de echar las culpas propias sobre espaldas ajenas.
