• Debemos
tomar acciones que den continuidad y existencia de los programas sociales
implementados para garantizar los derechos de las mujeres
Mexicali, B.C., domingo 28 de mayo de 2023.- El
Diputado César Adrián González García, presentó una Iniciativa de reforma a la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California,
con el objeto de ampliar el concepto de violencia institucional.
En su exposición de motivos, el Legislador del
Partido Verde, subrayó que el Estado tiene el compromiso y la obligación de
garantizar la protección de la vida y libertad de las mujeres, la igualdad de
género y la no discriminación.
Y para fortalecer y respaldar el desarrollo de las
políticas sociales encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres -dijo-
es necesario que existan programas de igualdad de género, programas encaminados
al empoderamiento económico social, programas que combatan la desigualdad, los
estereotipos y promuevan la equidad, respeto y valoración de la mujer.
“Es por ello que, debemos tomar acciones que no
dejen al libre arbitrio de algunos cuantos, la continuidad y existencia de
estos programas sociales implementados para garantizar los derechos de las
mujeres”, agregó.
Por tales motivos, Adrián González propuso reformar
el artículo 12 de la Ley en comento, para quedar con como sigue: se considerará
violencia institucional el hecho de realizar sin la debida justificación
recortes presupuestales o la eliminación de programas sociales cuyas
beneficiarias sean mujeres y que estos programas tengan por objeto atender la
prevención y erradicación de la violencia, brindar servicios de salud y otorgar
algún tipo de apoyo económico.
Al motivar su iniciativa, también expuso que, las
numerosas formas y manifestaciones de la violencia y las diferentes
experiencias de violencia sufridas por las mujeres, apuntan a la intersección
entre la subordinación basada en el género y otras formas de subordinación
experimentadas por las mujeres en contextos específicos.
Refirió que los actos de violencia institucional,
están asociados con el ámbito de la procuración de justicia, donde se engloban
todas las acciones gubernamentales destinadas a la prevención, regulación o
atención de casos de violencia hacia las mujeres.
Puntualizó que, las y los servidores públicos
ejercen violencia institucional e impiden el goce y ejercicio de los derechos
humanos, entre otras causas cuando: obstaculizan el acceso a la justicia y a
una tutela judicial efectiva; contravienen la debida diligencia; y no asumen la
responsabilidad del servicio que tienen encomendado.
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