· Aunque es un problema de orden federal, la Secretaría General de Gobierno ha intervenido desde hace muchos años
· Este fin de semana, ambos grupos nuevamente acordaron llevar el tema a la Federación y ofrecieron una tregua, tras entregar cuerpos y retenidos
El conflicto territorial entre la OCEZ-Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, en el municipio de Venustiano Carranza, es estrictamente de orden federal e histórico(más de 50 años), en donde no existe voluntad política de los grupos para llegar a un acuerdo, en cambio han mantenido enfrentamientos intermitentes a lo largo de décadas.
Aunque es de orden federal(Reforma Agraria), se han sostenido una infinidad de mesas de trabajo y de diálogo entre los representantes de las organizaciones, siendo intermediaria la Secretaría General de Gobierno, sin embargo, los grupos repentinamente rompen los acuerdos y vuelven a las confrontaciones y bloqueos carreteros en la zona.
Mediante comunicados y llamadas telefónicas a los líderes, la Secretaría General del Gobierno ha hecho convocatorias para solucionar el conflicto por la vía legal y pacífica, ha impulsado llamados a la paz y ha reiterado su voluntad política de privilegiar el diálogo, incluso mantiene puesta la mesa de trabajo las 24 horas.
Asimismo, ha brindado seguridad y protección a la población de la localidad, a través de la presencia de los cuerpos policiacos, debido a que se vive un ambiente de tensión constante por los reportes de personas armadas en ambos bandos.
De acuerdo con notas publicadas en medios informativos, a Venustiano Carraza les han brindado ayuda para fortalecer el bienestar, como la entrega de más de 5 mil apoyos a productores de 19 ejidos y comunidades del municipio, para desarrollas sus cultivos, en el 2019, entre otros apoyos derivados de programas sociales.
Un año antes, en 2018, sostuvieron reuniones con el gobierno, donde acordaron asistir para poder regularizar, desincorporar y arreglar el asunto de colindancias de más de mil 170 hectáreas, integrada en 46 predios, como parte de un largo proceso desde su expropiación en 1995, en la que participaron Registro Agrario Nacional (RAN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo, abandonaron la mesa de trabajo.
Este fin de semana, ambas organizaciones ofrecieron una tregua, luego de la entrega de cuerpos y de dos personas retenidas, con la presencia del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Protección Civil, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Asimismo, ambas organizaciones acordaron nuevamente llevar el tema agrario ante la Federación, a través de una mesa con dependencias federales, para lograr una solución justa y duradera para ambas partes, no obstante, se espera que cumplan su palabra.
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