12 de Septiembre: Marcha-Plantón por la Vivienda Popular
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Por: Ignacio Acosta Montes
Dirigente estatal Antorchista
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Las acciones en materia de vivienda han
pasado en nuestra entidad de casi 46 mil en 2008 a 34,464 en 2013. Vaya a usted
a saber qué significa “acción de vivienda”, pues en muchas ocasiones valen lo
mismo (es decir se considera “acción”) a la construcción de una casa o pie de
casa, la venta de un lote de interés social, o la entrega de un vale de mil
pesos para que se adquieran algunos materiales de construcción. Pero sin que
tengamos la posibilidad de investigar y precisar de qué es de lo que se está
hablando, el hecho mondo y lirondo es que las “acciones” en cada año
disminuyeron en más de 11 mil en el transcurso de cinco años.
(El dato se maneja en la página 121 del Plan
Estatal de Desarrollo vigente). Ello por sí solo no indica ningún problema ni
error, pues sería plenamente justificado si la población necesitada de dichas
acciones fuese, al igual que ellas, a la baja. Sin embargo, tal situación está
muy lejos de la realidad. En el citado Plan, apartado 5.4 “Vivienda digna y
sustentable”, se lee: “En esta materia, el problema central en el Estado es el
limitado acceso a la adquisición de vivienda, así como las condiciones
precarias del inventario habitacional existente, principalmente de familias con
ingresos limitados, tanto en zonas urbanas como rurales.”
Y más adelante se precisa que de cada diez
empleos en el estado, seis son de carácter informal y, además, mal pagados pues,
según la Encuesta Económica del INEGI 2013, el 81% tiene ingresos a 5 salarios
mínimos, menos de diez mil pesos al mes, cuando de acuerdo con el Observatorio
de Salario de la Universidad Iberoamericana el mínimo debería de ser de 16 mil
400 pesos.
Lógica es, en consecuencia, la conclusión que
sacó el equipo del señor Gobernador del Estado, Lic. Francisco Arturo Vega de
Lamadrid de asignarle a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
del Estado (SIDUE), la tarea de “generar la oferta masiva de suelo, destinados
a la creación de fraccionamientos socialmente progresivos, de interés social, y
certificados con proyecto urbanístico y servicios básicos para la población de
bajos ingresos”.
La SIDUE, atendiendo lo establecido en el
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2019 establece en el punto 67 de su “Plan
Estratégico” (algo abajito, pero allí está) un “Programa Progresivo de Suelo
Urbanizado y Vivienda”, para “materializar un programa de fraccionamientos
sociales progresivos autosustentables en todo el estado con los servicios básicos
(agua, luz y drenaje), para abatir el déficit de suelo urbano en el estado, con
el propósito principal de promover el acceso a una vivienda digna, en un
entorno más humano y costeable al sector de la población menos favorecida”,
encargándole al Instituto de la Vivienda (INDIVI) la tarea de hacerlo realidad
y calculando una inversión de mil millones de pesos pero… (allí es donde la
puerca tuerce el rabo, como dicen en mi rancho) sin destinarle un solo peso,
pues esos mil millones para aliviar la necesidad de vivienda de una población
creciente como la de nuestra entidad, deben salir, según la SIDUE, de la
inversión privada, léase de empresarios dispuestos a invertir en la vivienda.
Empresarios que, como todos sabemos, nunca dan paso sin huarache, si invierten
un peso es porque piensan ganar dos, o cinco, o diez.
Pensemos que el problema está bien estudiado,
bien planteado, que se establecen las acciones necesarias. Pero a la hora de
saber qué hacer con esa información, en lugar de concluir que se tiene la
obligación de canalizar los dineros públicos para cumplir con los mandatos que
establecen las constituciones de la República y del Estado, así como el decreto
que crea el INDIVI y las metas del Plan Estatal de Desarrollo se detecta un
área de oportunidad para que inviertan los socios o los cuates de los
gobernantes en turno.
Nada diferente se puede concluir del análisis
de los documentos estratégicos en materia de vivienda. A la mitad de su
sexenio, muy cerca ya de su tercer informe de gobierno, el licenciado Vega de
Lamadrid, debe voltear los ojos hacia lo que ocurre, o no ocurre, en materia de
vivienda en su gestión, de cambiar la política seguida hasta hoy en esta
materia pues nada que demuestre que sus funcionarios actúan considerando a la
vivienda para los que menos tienen como un asunto prioritario y estratégico.
Para los sin techo, para los precaristas,
para los que viven hacinados o en zonas de riesgo, por supuesto que es
prioritario y estratégico resolver esta necesidad, por ello es que el Movimiento
Antorchista encabezará una MARCHA POR LA VIVIENDA POPULAR el próximo 12 de
septiembre en la capital del estado, que concluirá en Palacio de Gobierno en
donde se establecerá un campamento permanente, un plantón, hasta conseguir que
se resuelvan peticiones de regularización, de lotes de interés social y de
mejoramiento de la vivienda en diversos municipios y colonias. Casos urgentes
son, por poner ejemplos, los de Villas del Valle en Mexicali, la colonia
Antorcha Campesina 1 en Tijuana y Lomas de la Presa en Ensenada. Esperamos una
pronta, decisiva y favorable intervención del jefe del ejecutivo estatal.
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