Mexicali, BC., a 7 de octubre de 2021.- Ante el pleno del Congreso del
Estado de Baja California, el diputado Julio César Vázquez solicitó que se
emita un exhorto para que se dejen de realizar cobros por el supuesto retiro de
reductores de agua no instalados.
El oficio habrá de ser dirigido por el Poder Legislativo al Secretario
para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua en el Estado, Salomón Faz
Apodaca, para que realice las gestiones necesarias, e instruya a las Comisiones
Estatales de Servicios Públicos que dejen de cobrar por la remoción de
reductores en servicios a cuentas domésticas de agua, cuando estos no han sido
instalados.
El legislador aclara que no están en contra de la instalación de los
reductores, siempre y cuando se aplique conforme indica la ley: que se
garantice que no se deja sin suministro del vital líquido, y, cuando se deja de
pagar el consumo más de tres o de seis meses continuos.
Lo que es ilógico, observó, es que, supuestamente, se vaya a retirar un
dispositivo que no está colocado, y todavía el usuario tenga que pagar por esa
operación inexistente.
“Existen quejas de ciudadanos que, si bien es cierto que se retrasaron en
el pago de los derechos por el servicio del agua potable, sus medidores no
cuentan con los reductores respectivos, y, a pesar de ello, al momento de
realizar los pagos de sus cuentas, en los sistemas de las comisiones estatales,
se les realiza el cobro correspondiente al retiro del supuesto reductor, aún y
cuando, insisto, no se les instaló el nodo interruptor del agua”, expuso Julio
César Vázquez.
La instalación de esos dispositivos se reactivó desde los pasados meses
de julio y agosto, debido al aumento de la cantidad de cuentas sin pagar, cuya
medida, si bien es drástica, “no violenta el derecho consagrado en la
Constitución Federal, numeral 4, sobre el acceso, disposición y saneamiento del
agua, para el consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible”, considera el diputado.
Julio César Vázquez dijo estar consciente de que no es una medida
deliberada, pues, las comisiones estatales de servicios públicos deben cumplir
los lineamientos que indican que, únicamente, ante la falta de pago de más de
tres meses, podrá reducirse el suministro de agua en un 50% del diámetro de la
toma contratada; y, ante la falta de pago de más de seis meses, solo podrá
restringir el suministro de agua en un 70% del diámetro de la toma de agua
contratada.
Cuando el usuario liquida su adeudo, o celebra convenio para liquidar su
adeudo, se le hace un cobro por concepto de remoción del reductor en servicio a
cuentas domésticas, y ese cobro oscila entre $125.94 pesos a $378.70 pesos,
según el municipio al que corresponda la Comisión Estatal de Servicios
Públicos; y, el pago de ese concepto no está sujeto a convenio.
El problema, como antes se indicó es que, se cobra ese concepto, aunque no se encuentre instalado el dispositivo o nodo interruptor parcial del suministro de agua, por lo que, “si no se instaló, no se debe cobrar, ya que no hay nada qué remover”, concluyó el diputado Julio César Vázquez.
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