BAJA CALIFORNIA
Por: Steven Exkovedo
Redacción/Quihubole!!!
MEXICALI, a 14 de noviembre de 2019.- Debido
a la gran cantidad de casos en los que estudiantes son regresados a sus casas
por no llevar uniforme, sobre todo porque se exige que tengan distintivos
especiales, el diputado Julio César Vázquez Castillo propuso una reforma a la
ley educativa estatal, para que no sea una condicionante.
La propuesta de reforma a la Ley de Educación
del Estado de Baja California, quedará establecida como sigue:
“ARTICULO 8o.- La educación que impartan los
Gobiernos Estatal, Municipal, sus organismos descentralizados y las personas
físicas o morales particulares con autorización o reconocimiento de validez
oficial de estudios, constituyen un servicio público, quienes tendrán prohibido
negar el acceso a las escuelas, o afectar las calificaciones del alumnado por
la falta de adquisición de útiles escolares, uniformes con distintivos
especiales y demás objetos vinculados al proceso de enseñanza o aprendizaje”.
“El incumplimiento del párrafo anterior, será
sancionado conforme al Capítulo de las Infracciones, las Sanciones y el Recurso
Administrativo, previsto en esta Ley”.
No obstante que cada escuela tiene sus
reglamentos internos, el propósito máximo de un lugar de estudios académicos es
que los estudiantes aprendan y se preparen para su futura incorporación a la
planta productiva, y en eso, nada interviene el uso o desuso de uniformes,
aclaró el legislador.
También aclaró que están de acuerdo en que el
uso de uniforme permite identificar a los estudiantes, y es bueno que se
imponga, pero no con las condiciones que actualmente se exige, como son: una
línea de determinado color en la orilla del cuello de la camisa o blusa, o
bien, en la manga, o líneas de determinado color y textura al lado de los
pantalones de los jóvenes, así como escudos propios de la institución.
Esas exigencias, advirtió, provocan un
monopolio con determinados proveedores; pero, sobre todo, provocan que los
precios se eleven considerablemente, y los efectos repercuten en el bolsillo de
la economía familiar.
“Desafortunadamente, los planteles educativos
han tomado medidas drásticas con los alumnos que no cuentan con los uniformes
específicos, que han sido determinados por las autoridades de dicha escuela,
pues por no contar con ellos, o bien, porque no cuentan con las
especificaciones o detalles determinados por la escuela, a los alumnos no se
les permite acceder a sus clases, o bien, se les afectan sus calificaciones,
circunstancia que resulta preocupante”.
“Debemos dejar claro que, la finalidad de la
impartición de la educación, no debe depender de un uniforme, o de ciertas
características muy particulares del mismo, por el contrario, debemos facilitar
a los niños y jóvenes, como al bolsillo de las familias, mediante la
autorización de uso de uniformes sin mayor complejidad”, razonó el diputado
Julio Vázquez, en su exposición de motivos para la reforma citada.
Fue reiterativo en que a los estudiantes no
se les recrimine, ni afecte al niño o joven, la falta del uniforme con las
características tan particulares, y citó que situaciones como esas se han dado,
por ejemplo, en la Secundaria Número 61, ubicada en la Colonia Alemán, de la
ciudad de Tijuana.
Después de advertir que hay casos extremos en
los que niños y jóvenes dejan de estudiar, para dedicarse a un empleo y
contribuir con el gasto familiar, otros, los que están cursando sus estudios,
observó, son sacados por no llevar el uniforme con las características
especiales que le exigen, o le merman en su calificación.
“Es imprescindible que los niños y jóvenes
puedan iniciar y concluir sus estudios sin más obligación que la de asistir,
aprender y aprobar los exámenes correspondientes, ya que es ahí, donde se
inicia la preparación de los niños y jóvenes para que en un futuro puedan
incorporarse a la vida productiva y evitar que caigan en las redes de las
organizaciones criminales”, puntualizó.
Por todo lo anterior, propuso la reforma
referida al Artículo 8 de la Ley de Educación del Estado, la cual fue turnada a
la Comisión legislativa correspondiente.
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