El presidente
municipal de Guadalupe, Zacatecas, por supuesto morenista, Julio César Chávez,
ha desatado una violenta guerra de injurias, acusaciones infundadas y todas las
formas sucias de desprestigio que se le vienen al magín, en contra del
dirigente del Movimiento Antorchista en ese estado, el compañero Osvaldo Ávila
Tiscareño, de la destacada dirigente Mariana Cancino y del presidente municipal
de Trancoso, César Ortiz Canizales, también de filiación antorchista.
¿Cuál es la causa de la desenfrenada embestida? Los
compañeros guadalupenses, encabezados por Osvaldo y Mariana, entregaron, como
todos los años, su pliego de demandas al Ayuntamiento de Guadalupe tan pronto
como el alcalde morenista asumió el cargo el 15 de septiembre pasado. Los
funcionarios municipales lo recibieron de mala manera, con gestos y comentarios
agrios que eran anuncio claro de lo que se venía encima. Con todo, se hicieron
cargo del documento y ofrecieron examinarlo y dar posteriormente una respuesta.
No fue así. Los antorchistas, siempre de manera
mesurada y respetuosa, se apersonaron varias veces en las oficinas del munícipe
en demanda de la respuesta prometida. Éste y sus funcionarios, cuando ya no
pudieron seguir maniobrando con los plazos, desconocieron de plano el
compromiso argumentando que, en Guadalupe, van a gobernar de acuerdo con la
línea del Presidente de la República que ordena no tratar ningún asunto, de la
naturaleza que sea, con organizaciones sociales, sino que atenderán solo las
peticiones presentadas a título individual. Tan arbitraria como ilegal
respuesta fue rechazada, naturalmente, por los antorchistas. Y este fue el
inicio de la feroz embestida de que hablamos.
Por esos días, el presidente municipal se ausentó de
su cargo para atenderse, según se dijo, de algún problema de salud. Quien lo
sustituyó como interino mostró menos rigidez mental y menos prepotencia en el
trato, y las cosas parecieron encauzarse por una ruta de diálogo constructivo y
de voluntad política para encontrar soluciones; pero antes de que se pudiera
alcanzar algún acuerdo, el interinato terminó y el munícipe propietario retomó
las riendas del municipio. De inmediato canceló las negociaciones, ordenó a
todas las dependencias cerrar la puerta definitivamente a los antorchistas y se
puso a instrumentar en detalle la campaña torpe y canallesca en contra de los
antorchistas mencionados.
Este proceder abusivo, autoritario y sin fundamento
legal alguno, da materia para una larga serie de objeciones y críticas
justificadas y para la denuncia y la protesta públicas por parte de las
víctimas (que desde luego, no son solo los antorchistas). Por mi parte, sin
embargo, solo quiero resaltar en esta ocasión tres de los puntos más claramente
insostenibles y lesivos de las garantías ciudadanas consagradas en la ley. El
primero de ellos es que, si nos atenemos estrictamente a las formulaciones
verbales del Presidente de la República, el munícipe guadalupense miente cuando
asegura que, al negarse a tratar cualquier asunto, de la naturaleza que sea,
con organizaciones sociales, no hace más que acogerse a la línea trazada por
aquél.
En realidad, si se revisan con cuidado los
pronunciamientos presidenciales, se verá en seguida que se circunscriben a
proscribir a las organizaciones sociales como intermediarias en el reparto de
dinero que, a través de sus diversos programas de “ayuda a los pobres”, anda
prometiendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero nada parecido ha
dicho sobre las obras y servicios que pueblos, ejidos y colonias, empobrecidos
y marginados desde siempre, necesitan y demandan con urgencia para hacer menos
dura su pobreza. El Presidente no se ha atrevido a declarar, hasta hoy, que no
escuchará ni atenderá esas demandas, ni tampoco que deben presentarse
“individualmente”, lo que sería absurdo puesto que, por su propia naturaleza,
son de índole colectiva, es decir,
atañen a toda o a una buena parte de la comunidad y, por tanto, es ésta la que
puede y debe presentarlas y defenderlas ante la autoridad competente. Y para
eso tiene que estar organizada (aunque sea temporalmente) y elegir libremente a
sus voceros y representantes.
Torciéndole el brazo a la lógica y estirando el
discurso presidencial más allá de su verdadero alcance, puede pensarse que su
guerra contra los intermediarios “corruptos” también se aplica en este caso, es
decir, en la gestión de obras y servicios para las comunidades, porque también
aquí hay la posibilidad de enriquecerse con los “moches” al presupuesto
respectivo. Pero para que esto sea cierto, es necesario demostrar que es falso
el argumento que los antorchistas vienen esgrimiendo desde siempre, esto es,
que las obras y servicios para las comunidades jamás se entregan en dinero
contante y sonante a los gestores o a los solicitantes, sino que éste va a las
manos de los ejecutores materiales, que siempre son funcionarios del gobierno o
empresas designadas por él. Por tanto, no hay manera de acusar a nadie, salvo al
Gobierno mismo, de “intermediarismo corrupto”. Por tanto, quien se niega a
escuchar y a resolver las demandas populares solo porque son presentadas de
manera organizada, no lucha en realidad contra la corrupción sino contra las
necesidades de la gente humilde, y comete un delito al violar abiertamente las
garantías constitucionales de organización y petición.
El segundo aspecto que quiero resaltar, es que la
altanería y el abuso de poder del edil guadalupense no se limita a cerrarse al
dialogo y a zaherir a los antorchistas cuando acuden a su oficina, sino que se
ha tomado el atrevimiento de enviar a sus funcionarios a las comunidades y
colonias antorchistas con el encargo de reunir a la gente y soltarle, completa,
la catarata de injurias, calumnias e imputaciones gratuitas contra sus líderes,
que ya tienen preparada y codificada, y terminar llamándola (léase
amenazándola) a que abandone las filas de su organización o, de lo contrario,
que no esperen ninguna solución a sus necesidades. Los funcionarios manejan
cifras, hablan de programas y normatividad, de procedimientos administrativos y
cosas por el estilo, a sabiendas de que su público desconoce estas cuestiones y
no puede, por tanto, juzgar si lo que se les asegura es mentira o verdad.
Tampoco se les pasa por las mientes respetar el derecho a la legítima defensa,
es decir, llamar a los imputados a que respondan a las acusaciones ante el
mismo público que las escucha. Se perpetra en su contra, sin más, un ataque a
mansalva, con toda premeditación, alevosía y ventaja.
También aquí, el munícipe de Guadalupe comete un
delito, pues usa a funcionarios pagados con dinero público para desempeñar el
papel de sicofantes, calumniadores y atacantes alevosos contra los intereses
legítimos de las comunidades, pervirtiendo de esa manera su verdadera función
sin estar facultado para ello.
El tercer aspecto que quiero denunciar es la
fabricación y difusión, en las llamadas redes sociales, de videos “anónimos” en
los cuales se vomitan vergonzosas vulgaridades, leperadas e injurias personales
de una factura que recuerda al mundo del hampa, a lo peor de la escoria social
en una palabra, en contra de Antorcha y de los antorchistas. El “anonimato” de
tales bajezas tal vez engañe a sus propios autores, pero no a los antorchistas ni
a la opinión pública. Todo mundo sabe quién es el “cerebro” generador de tanto
excremento, y todo mundo se pregunta si es esa la función para la cual fue
elegido el presidente morenista Julio César Chávez. Si es ese el destino
legítimo del dinero que el ciudadano aporta a través de sus impuestos.
Por mi parte, acostumbrado como estoy a ser víctima
reiterada de este tipo de ataques promovidos por bellacos y malandros de todo
pelaje, lo único que realmente me preocupa son dos cosas: a) el destino de las
justas y urgentes demandas de los antorchistas guadalupenses y zacatecanos en
general; b) la seguridad personal y la vida de Osvaldo, Mariana y el presidente
municipal de Trancoso. Nadie debería ignorar ni olvidar que la violencia verbal
es preludio, en un gran número de casos, de la agresión física en contra de los
previamente acribillados moralmente con injurias de esa clase.
Pregunto, pues: ¿qué dice al respecto el señor
Gobernador del estado? ¿Y el fiscal general de Zacatecas? ¿No hay ombudsman
allá que pueda defender a los indefensos? Llamo a los antorchistas de todo el
país a elevar su voz exigiendo solución a las demandas de los guadalupenses,
marginados y agraviados por quien eligieron para servirlos; respeto al derecho
de organización y petición del pueblo zacatecano y garantías para la vida de
Osvaldo, Mariana y el presidente César Ortiz Canizales. Es momento de hacer
realidad aquello de: ¡Somos un solo
hombre y un solo ideal! ¡Uno para todos y todos para uno! Aunque Osvaldo no sea
D`Artagnan ni nosotros seamos mosqueteros.
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