BAJA
CALIFORNIA
Por:
Steven Xcovedo
Redacción/Quihubole!!!
TIJUANA, a
10 de enero de 2019.- La Síndico Procuradora de Tijuana, Ana Marcela Guzmán
Valverde, presentó hoy una denuncia contra quien resulte responsable por los
delitos de fraude, fraude procesal y delitos contra la administración de la
justicia ante la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE).
Lo
anterior en cumplimiento de la fracción V del Artículo 8 de la Ley del Régimen
Municipal y del Artículo 34 del Reglamento de la Administración Pública
Municipal, donde se establece que es la Sindicatura Procuradora la instancia
indicada para presentar las querellas o denuncias en contra de servidores
públicos que incurran en algún acto ilícito.
En este
sentido, la Síndico destacó que la denuncia obedece a la resolución del Juzgado
Tercero Civil de Mexicali, en relación a los incidentes de cumplimiento de
convenio, gastos y costas, mismas resoluciones que causaron estado o cosa
juzgada desde 2015; que obligan al Ayuntamiento a pagar la cantidad de 228
millones 185 mil pesos, relacionados con un predio ubicado en lo que ahora son
las instalaciones de la Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la
Unidad Deportiva José Santos Meza.
Ya que ex
servidores públicos actuaron negligentemente, al omitir invocar excepciones al
contestar la demanda, no negaron las prestaciones, no señalaron domicilio
procesal en Mexicali, y al celebrar el convenio donde el exsíndico Procurador
asume la deuda de Gobierno del Estado, no fue autorizado o validado dicho
convenio por el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, además que el exsíndico
reconoció pagar intereses, cuando éstos ya habían sido renunciados por el
particular que firmó el contrato de promesa de compraventa.
Recordó
que el Gobierno del Estado en 1995 celebró un contrato de promesa de
compraventa con un particular (Roma Food Enterprise de México S.A. de C.V.),
condicionado a que el Congreso del Estado lo autorizara, situación que no
aconteció, dado que en 2010 el Congreso del Estado decidió donar el inmueble al
Ayuntamiento.
“Al no
concretarse el contrato, el particular en 2009 presentó una demanda en contra
del Gobierno del Estado, quien a su vez mandó a llamar como tercero al
Ayuntamiento de Tijuana, mismo que en 2009 contestó la demanda y en 2010
celebró un convenio a través del Síndico Municipal, en el cual asumió el
carácter de deudor sustituto, comprometiéndose a pagar la deuda de la
administración estatal”, sostuvo la Síndico Procuradora.
Guzmán
Valverde subrayó que la demanda se sustenta en una promesa de venta donde el
hoy demandante entregó 1 millón de pesos por un predio de 118 mil metros
cuadrados, el cual nunca fue devuelto.
“Anteriores
administraciones no atendieron los llamados de la Consejería Jurídica y existen
muchas irregularidades en la forma como contestaban las demandas o simplemente
no contestaban, razón por la que estamos presentando esta denuncia contra quien
resulte responsable”, puntualizó la Síndico.
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