LOS LÍOS ENTRE LA CIOAC Y RAMÍREZ AGUILAR

CHIAPAS

(EN LA MIRA / HÉCTOR ESTRADA)

TUXTLA GUTIERREZ.- Y las disputas de relevo sexenal han comenzado a hacerse presentes entre las organizaciones campesinas de Chiapas donde los ajustes políticos son habitualmente más drásticos. Prueba de ello son los asesinatos, casi “simultáneos”, cometidos en contra de los líderes de la Central de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), consideradas como dos de las organizaciones campesinas más insidiosas y violentas de la entidad.

Se trata de ejecuciones cometidas con menos de 40 horas de diferencia, bajo características muy similares. La primera de ellas, la del dirigente de la CIOC, Luis Hernández Cruz, con evidentes rasgos que apuntan a un certero ajuste de cuentas. Los sicarios, sobre una motocicleta, sólo esperaron que bajara de su vehículo para ultimarlo en plena vía pública. La consigna fue clara.

Del asesinato del líder de la OCEZ, Jorge Toledo Mazariegos, hay menos datos oficiales. El homicidio sucedió desde el pasado fin de semana, pero la información circuló en medios estatales hasta este martes. El único medio de comunicación local que hizo alusión al hecho horas después del asesinato www.cintalapanecos.com extrañamente borró la información de su base de datos. Así, el asesinato permaneció prácticamente en silencio durante tres días.

Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia dentro del caso de Luis Hernández Cruz han sido las primeras declaraciones hechas por el secretario general de la Central de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Antonio Vázquez Hernández, quien -sin titubear- salió a los medios de comunicación para señalar de manera directa a Antonio Hernández Cruz, Eduardo Ramírez Aguilar y Jorge Álvarez López como autores intelectuales del homicidio de Hernández Cruz.

La inclusión del presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas dentro de los imputados por la organización de la propia víctima no es un asunto menor. Con todo y los tintes políticos que lógicamente podrían atribuírsele, se trata de serias acusaciones que deberán ser tomadas en cuenta por las autoridades ministeriales dentro de las probables líneas de investigación. Y es que, aunque ya Ramírez Aguilar ha minimizado y desmentido las acusaciones, hay detalles que llaman la atención.

Para explicar el embrollo de manera simple es necesario precisar el porqué de las vinculaciones que se atañen a Ramírez Aguilar con enemigos del ahora extinto dirigente de la CIOAC “Histórica”. Los nexos que hoy tiene en tremendos líos al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas tienen que ver explícitamente con Jorge Álvarez López, ex integrante de la CIOAC, amigo cercano y operador de Ramírez Aguilar en la Región Selva de Chiapas.

El diputado por el Partido Verde Ecologista, Jorge Álvarez, había sido en años pasados el orquestador de los acercamientos entre Eduardo Ramírez y las diferentes corrientes de la CIOAC, razón por la que en octubre de 2015 el actual presidente del Congreso de Chiapas sostuvo un encuentro multitudinario con dicha organización campesina, en el municipio de Las Margaritas, en la que Álvarez López fungió como facilitador. Pero fue de las últimas veces que las cosas se mantuvieron tersas.

Poco tiempo después la relación entre Jorge Álvarez y Luis Hernández Cruz se fracturó de manera irreconciliable. Los enfrentamientos y distanciamientos fueron tales que, finalmente, el diputado verde terminó por separase de la CIOAC para formar su propia organización “José Dolores López”. Desde ese entonces, los desencuentros entre el movimiento político de Eduardo Ramírez y la organización campesina (también señalada de múltiples actividades paramilitares) han sido complicados y tensos.

A ello se debe principalmente las acusaciones intempestivas hechas por la CIOAC herida. Por eso los señalamientos tan graves y aparentemente tan a la ligera que sacudieron las paredes del legislativo estatal en días pasados. Es sin duda alguna un tema de importancia en el que no debe descartarse la posible injerencia de enemigos políticos para utilizar el caso como arma de golpeteo político, pero tampoco la obligación de las autoridades judiciales para indagar y/o descartar cualquier línea de investigación con todo y los personajes políticos imputados… así las cosas.