CHIAPAS
Redacción/Quihubole!!
Por:
Epifanio López/Corresponsal`/
HUIXTLA,
a 8 de febrero de 2017.- Un humilde vendedor de tortillas denunció públicamente
a elementos y comandante de la policía ministerial de Villa Comaltitlan, ya que
hace una semana cuando a bordo de su motocicleta se dirigía a su domicilio, fue
interceptado por agentes ministeriales, quienes sorpesivamente lo subieron a
una camioneta blanca doble cabina para luego traerlo a esta ciudad de Huixtla.
El
denunciante quien por obvias razones pidió omitir su nombre, asegura que los
prepotentes y abusivos agentes lo amenazaron de que si se quejaba o los
denunciaba, matarían a él y a toda su familia, por lo que solamente los denuncia
públicamente.
De
acuerdo a su versión, el quejoso dijo que trabaja en una tortillería en Villa Comaltitlan
como repartidor de tortillas y que la semana pasada al salir de su trabajo, se dirigió
a su domicilio y que en el trayecto se le emparejo una camioneta blanca de la
que descendieron tres personas, uno se identificó como comandante de la policía
ministerial y los otros como supuestos agentes ministeriales.
Mismos que
sin decir nada lo cual lo subieron con todo y motocicleta a la camioneta para
luego trasladarlo a las oficinas en esta ciudad de Huixtla, con el argumento
que lo habían identificado como supuesto asaltante.
Ya en
las oficinas de la ministerial, los presuntos ministeriales lo golpearon
salvajemente, obligándolo a declararse culpable y que él se dedica al robo y
asalto lo que él se negó rotundamente diciéndoles que él se dedica a la venta
de tortillas y que con se ese trabajo sostiene a su familia y que la
motocicleta es de su patrón.
Sin
embargo, al ver que no lograron que se declarara culpable, ni ser asaltante, lo
obligaron a entregar la cantidad de 4 mil pesos como una supuesta multa para dejarlo
en libertad y no seguir golpeándolo para obligarlo a confesar.
No sin
antes amenazarlo de que si se quejaba o denunciaba, matarían a su familia que por
lo que el ofendido aseguro que interpondrá su demanda en la ciudad de
Tapachula donde va a pedir la
intervención del fiscal regional, del procurador general del estado y del
propio gobernador para que destituyan a estos prepotentes y abusivos servidores
públicos que al no utilizar la nueva Ley Oral Acusatorio están violentando los
derechos del inculpado.
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