La Policía Estatal Preventiva está sujeta a
investigación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la PGJE.
Cometen abusos a bordo de vehículos oficiales, utilizan vehículos sin
identificación vestidos de civiles.
QUIHUBOLE/TIJUANA.- Debido a varios casos de tortura denunciados por ciudadanos de Baja California
de elementos de la Policía Estatal Preventiva, corporación que ya está sujeta a
investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de
la propia Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE, el diputado Roberto
Dávalos Flores, elaboró un punto de
acuerdo en la materia.
En este punto de acuerdo exhorta al Gobernador del Estado, a la PGJE
y a la Secretaría de Seguridad pública, para que se implementen medidas
para la capacitación, prevención y Sanción
de los casos de tortura en contra
de ciudadanos de la entidad por los cuerpos policiacos.
“No solo existen quejas de
ciudadanos sino denuncias directas de que personas que pertenecen a esta corporación (PEP),
además de cometer abusos a bordo de vehículos oficiales, también utilizan vehículos sin identificación y vestidos de civiles”, subrayó Dávalos Flores.
En el punto de acuerdo expone
por lo que respecta a la
Procuraduría General de Justicia del Estado, se tiene conocimiento de que existen investigaciones en contra de
los Agentes Policiacos mencionados, en la que no se dan soluciones a las investigaciones iniciadas, lo que es
una grave omisión en contra de los ciudadanos agraviados.
Informó que recientemente fue
invitada la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por parte de la Comisión
de Derechos Humanos de la entidad, para
capacitar gratuitamente al personal en materia de prevención y
sanción de la tortura, sin embargo esta invitación fue rechazada sin excusa
alguna que justificara la no participación del personal que labora en ella.
El legislador del PRD, dijo que
debido al gran índice delictivo que
impera en la entidad, es de gran importancia el tener confianza en los cuerpos
policiacos, porque la ciudadanía “lejos de sentirse protegida por ellos, siente temor ante su
presencia en la vía pública y eso lo arrojan datos documentados, sobre diversas
quejas en contra delos agentes de la PEP”.
En la exposición de motivos cita
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ya entró en vigor en México desde Marzo
de 1981, en donde el Estado Mexicano se compromete en el apartado del Artículo V a que: “Toda
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y
Nadie debe ser sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
En el exhorto llama a que el
Ejecutivo Estatal, se responsabilice e implemente las medidas necesarias para
que las dependencias públicas a su cargo, encargadas de los cuerpos policiacos, cuenten con
órganos de control eficaces para el
seguimiento de las quejas ciudadanas,
asimismo para la investigación de las
denuncias presentadas.
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